“Una de las cuestiones centrales que ha revelado esto, son las deficiencias de nuestra legislación. Porque, precisamente, el perfilamiento de personas, en base a datos personales, aunque sean obtenidos por fuentes públicas, es una de las cuestiones donde están en juego datos sensibles y hoy los ciudadanos no tenemos ninguna forma real de poder oponernos a ese tipo de perfilamiento y tratamiento de datos sensibles. Primero uno tiene que confiar en que Sosafe no haga los cruces, pero no tienes ninguna agencia que pueda fiscalizar eso, como sí existe en Europa desde 1981. Luego está que yo pueda ejercer mi derecho a la protección de datos personales que está en la Constitución y, dentro de eso, pueda oponerme a ciertos tratamientos”, apunta Pablo Contreras, abogado y profesor de la Universidad Autónoma.