Domingo 28 de agosto de 2016
Inconstitucionalidad de la cotización

Señor Director:

Aunque no con mucha fuerza, algunos académicos han afirmado que una eventual cotización del 5% a cargo del empleador sería inconstitucional. La razón es que dicha cotización sería en verdad un impuesto, y un impuesto no podría estar afecto a una determinada finalidad.

Estas afirmaciones intentan cerrar las puertas de la deliberación política, transformando el debate en uno de expertos. Sin embargo, no se requiere ser experto para entender lo que dice el artículo 19 Nº 18 de la Constitución de 1980, que establece el derecho a la seguridad social: "Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias".

Como se observa, la Constitución no decide el modelo de seguridad social que Chile debe tener, sino que lo deja a la ley. Adicionalmente, de manera lapidaria, establece que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias, y en parte alguna dispone que las cotizaciones han de ir en beneficio de quien las paga ni que su fuente u origen haya de estar en el trabajador, y no en el empleador. Lo que sí es importante es que gracias a que el artículo 19 Nº 18 le da a la ley la posibilidad de establecer cotizaciones obligatorias, estas se encuentran excluidas de la garantía de no afectación establecida en el artículo 19 Nº 20. Las cotizaciones, que pueden o no tener el carácter de tributos, no solo pueden, sino que deben estar afectas a financiar el modelo de seguridad social que la ley configure.

Lo anterior significa que el gobierno, el legislador y los ciudadanos tenemos el espacio para discutir y deliberar políticamente qué modelo de seguridad social queremos tener. En ese espacio cabe incluso la modesta reforma que se ha escuchado por estos días, una en que el empleador asume cierta responsabilidad en los ingresos de los trabajadores durante su etapa pasiva.

Alegar la inconstitucionalidad de una reforma en que las cotizaciones asumen parcial o completamente el carácter de tributos (sea que las pague el trabajador, el empleador o bien ambos) es equivalente a afirmar que la Constitución de 1980 no admite, en materia de pensiones, un modelo de seguro social, ni siquiera para una pequeña parte de las cotizaciones.

Constanza Salgado; Nicole Selamé; Domingo Lovera; Jaime Bassa; Fernando Atria; Christian Viera; Matías Guiloff; Pablo Contreras
Profesores de Derecho

Identidad de género y debate académico
Lunes 22 de agosto de 2016
  
Como profesores y profesoras de Derecho en universidades chilenas y extranjeras, no podemos quedar pasivos ante la carta aparecida en este medio el 20 de agosto en relación con el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

Su objetivo es terminar con situaciones de exclusión que afectan a muchas personas en Chile y que derivan de la imposibilidad de manifestar y vivir abiertamente su identidad de género. Los firmantes, al hablar de "personas afectadas con este problema", no advierten que su carta reproduce la discriminación que el proyecto busca erradicar. Pero, además, sus argumentos son técnicamente incorrectos.

No se trata de una iniciativa ligada a un tema de salud, a una determinada "patología", "trastorno psicológico" o "condición". Es un proyecto que tiene un enfoque de derechos humanos, inmerso en el proceso mundial de reconocimiento y desarrollo progresivo de los derechos de todas las personas, especialmente de quienes pertenecen a grupos que históricamente han quedado excluidos de la vida social en forma igualitaria, siendo víctimas de estigmas, abusos y violencia física o verbal por prejuicios, como han dado cuenta organismos internacionales, incluyendo por cierto a niños, niñas y adolescentes a quienes hay que proteger de la discriminación y el bullying .

Este proyecto apela al imperativo de respetar las diferencias que existen en la sexualidad humana y la autodeterminación de cada persona, reconociendo la diversidad como una condición humana, y la sexualidad, como un aspecto en que esta diversidad se despliega como atributo personalísimo.

A nivel internacional existe consenso en definir la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En este sentido, esta identidad no está definida por lo biológico y el cuerpo, aunque esta haya sido tradicionalmente la forma de ver a los seres humanos, que ha influido en la construcción de muchas instituciones, invisibilizando, excluyendo y patologizando a quienes se sienten ajenos a las construcciones que atribuyen roles, ideologías y órdenes de género pretendidamente normales.

Finalmente, descartamos que este proyecto constituya una amenaza sobre el futuro de las relaciones de familia o que se trate de un "experimento social a gran escala de impredecibles consecuencias". Dichas afirmaciones, carentes de argumentos, niegan la actual realidad social y jurídica chilena. La familia es una realidad cambiante y se manifiesta en una pluralidad de formas, que el derecho internacional de los derechos humanos exige proteger sin exclusiones. En ninguno de los países que han reconocido el derecho a la identidad de las personas trans se han producido las consecuencias alarmistas que insinúa la carta.

Como profesores y profesoras de Derecho, esperamos contribuir a que la ciudadanía y especialmente los parlamentarios tengan bases claras sobre las cuales formar sus opiniones, evitando apelar a creencias que pueden estar basadas en errores, confusiones y prejuicios y, menos aún, que se basen en una pretendida superioridad moral sobre lo que es correcto y verdadero para la vida de quienes habitan Chile.

Ximena Gauché, Jorge Contesse, Rodolfo Figueroa, 
Daniela Accatino, Amaya Alvez, Jaime Bassa, 
Eduardo Chia, Alberto Coddou, Pablo Contreras,
Nicolás Espejo, Liliana Galdámez, Miriam Henríquez,
Gabriel Hernández, Fabiola Lathrop, Enrique Letelier,
Raúl Letelier, Rocío Lorca, Domingo Lovera, 
Fernando Muñoz, Pablo Marshall, Diana Maquilón, 
Flavio Quezada, Sebastián Ríos, Nicole Selame, 
Judith Schonsteiner, Mauricio Tapia, Verónica Undurraga,
Tomás Vial, Christian Viera, Luis Villavicencio, 
Alejandra Zúñiga, Yanira Zúñiga, Marcelo Alegre, 
Paola Bergallo, José Luis Caballero, Roberto Gargarella, 
Julieta Lematrie, Alejandro Madrazo, Laura Saldivia