Durante las últimas semanas, se ha dado un debate sobre los riesgos que el marcar un voto podría abrir la puerta al cohecho. Evidentemente, las aprensiones surgen por la actividad de la iniciativa ciudadana "Marca tu voto". 

La preocupación no es nueva y se había debatido por otros autores (véase las columnas de Fernández y Muñoz en otro post de este blog). El inicio de esta discusión puede deberse a la cercanía de las elecciones presidenciales o al respaldo popular que, según las encuestas, estaría teniendo la asamblea constituyente como mecanismo de creación de la nueva Constitución (véase el 45% de aprobación que muestra en la encuesta septiembre-octubre 2013, del Centro de Estudios Públicos).

A continuación, se recogen las opiniones vertidas en el diario El Mercurio, incluyendo una nueva editorial en contra de la iniciativa "Marca tu Voto".

Requiem por la cédula única (27.10.2013)

La historia del sufragio en Chile se identifica con la de su democracia, equiparación entendible, pues, si bien el voto no es sinónimo de democracia, es instrumento indispensable para alcanzarla al permitir al electorado manifestar sus opciones ideológicas o programáticas en función de sus valores o intereses públicos o privados. Nuestro régimen democrático se consolidó progresivamente, aunque con algunos sobresaltos, registrando sucesivas modificaciones en la práctica de las libertades electorales. La más importante de esas reformas en el siglo XIX fue la dictada en 1890, debilitando el intervencionismo electoral al perfeccionar los modos de votación que hasta entonces permitían al gobierno de turno controlar el voto de importantes grupos de electores.

La protección del secreto de la votación fue desde entonces preocupación de quienes creían en la necesidad de la corrección del acto electoral. Esa preocupación se agudizó ante el ejercicio del cohecho, calificado como el mayor vicio que ha afectado a nuestro sistema electoral. El cohecho, consistente en la compra del voto, fue una corruptela que se practicó en todo el país, en centros urbanos y rurales, utilizado, en mayor o menor medida, por todos los partidos políticos. Los modos de ejecución eran variados, desde el “sobre brujo”, los votos “marcados”, “doblados” o depositados en tubitos de vidrio de sonora apertura. El elector cohechado habitualmente era acompañado desde una “encerrona” por un “acarreador”, adherente confiable del candidato cohechador, experto en el control de los movimientos que al interior de la cámara secreta podría efectuar el cohechado para depositar ensobrado el voto que previamente le habían entregado junto con una cuota inicial del soborno de su conciencia electoral.

En el impulso rectificador ya en 1925 don José Maza intentó, sin suerte, reemplazar las cédulas de impresión partidaria por una cédula única. Ello solo se logró en 1958, con la Ley N° 12.891, aprobada gracias a la insistencia honesta y sanamente majadera de Jorge Rogers Sotomayor, materializada por el sorprendente patrocinio del Presidente Ibáñez que, simultáneamente, planteó la derogación de “la ley maldita”. Se modificó así la ley electoral, disponiendo con precisos detalles que el elector votaría con una cédula confeccionada por la entonces Dirección del Registro Electoral, del ancho y largo que fije esta repartición para cada elección, la cual llevaría una franja engomada en el extremo superior de su cara impresa, en forma tal que, al ser doblada, dejando oculto el texto impreso, pudiera cerrarse con solo humedecer el espacio y pegarlo a la cara exterior de ella.

De esa manera se eliminó desde los comicios parlamentarios de 1961 la posibilidad de controlar la emisión del voto, sin perjuicio de lo cual el cohecho se ha seguido realizando, en menor escala y sin práctica controlable, bajo la forma de regalos, pagos de cuentas y otras amabilidades, ahora entregadas a la buena fe de los contratantes, si es que poseen ese delicado atributo del espíritu.

El destacable respeto por el secreto del sufragio lamentablemente podría desaparecer de nuestra práctica electoral si, como parece ocurrirá, se da espacio para que se realice una campaña promotora de una asamblea constituyente que reemplace la actual Carta Fundamental. Escribiendo las letras AC en la cédula única se pretende realizar una especie de plebiscito informal acerca de esa aspiración, más que discutible, pero respetable, siempre que se ajuste a la institucionalidad y legalidad vigentes, lo que evidentemente no ocurre con este proceder. Sin perjuicio, por otra parte, que los votos que cuenten con esa marca, si bien serán escrutables para el candidato claramente votado, podrán ser considerados marcados por la mesa e incorporados en el sobre caratulado “votos escrutados objetados”, con lo que su validez o nulidad deberá ser resuelta por la justicia electoral.

Llama la atención la pasividad de la opinión pública en general y la de las autoridades frente a actos de esta especie que, por bien inspirados que pudieran estar, invitan al desprecio de la ley y abren espacio para que las futuras cédulas únicas puedan ser marcadas con las señas que la picardía criolla invente para violar su secreto, resurgiendo el control ilegítimo de la soberana expresión de los electores.

Réquiem por la cédula única. Las campanas están doblando por ti.


Enrique Krauss Rusque

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Editorial: No reabrir las puertas al cohecho (30.10.2013)

En un artículo de opinión publicado por este diario, Enrique Krauss, ex ministro del Interior del Presidente Aylwin, ha prevenido oportuna y fundadamente sobre el riesgo de que nuestro sistema electoral pueda, quizá inadvertidamente, reabrir sus puertas a un vicio desterrado desde 1958, logro por el cual generaciones de chilenos lucharon durante décadas desde el siglo XIX.

La campaña en desarrollo de ciertos grupos ciudadanos partidarios de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, y que pretende que quienes la apoyen marquen distintivamente su voto con las letras “AC” en las próximas elecciones presidenciales, abre un peligroso camino que puede conducir a la pérdida selectiva del anonimato del voto, atributo fundamental para prevenir que se ejerza coerción en la decisión. 

La ley y la jurisprudencia han establecido que los votos a los que se adicionen marcas que no interfieran con la clara intención del votante respecto de su preferencia por un candidato son inicialmente válidos, aunque se registren como objetados y posteriormente se defina su validez definitiva. Ese hecho sirve de base a quienes promueven la campaña para marcar los votos con una seña favorable a una asamblea constituyente, pretendiendo con ello contabilizar de manera informal sus partidarios, a partir del registro que se haga de los votos objetados. Con esto, tales grupos están extremando la permisividad de que una marca sobre el voto no lo anule automáticamente, para transformarla en vía de acción coordinada de un grupo de presión política. Es cierto que si la preferencia por un candidato específico queda establecida sin lugar a dudas, ejercer la libertad individual e introducir marcas adicionales que no modifiquen dicha preferencia no causa, en principio, daño alguno. Pero cuando dichas marcas se hacen de modo coordinado por un número potencialmente grande de personas, se está modificando la función del voto más allá de aquella para la cual está establecido en una particular elección. Y no solo eso: al hacerlo así, y al contabilizar las personas que dejaron esa marca, se está comenzando a cercenar una de las características principales de la cédula única y por la cual fue instituida, esto es, la homogeneidad de las papeletas en que se marca la preferencia ciudadana, para que no se pueda deducir la identidad del votante de la preferencia marcada —una línea horizontal uniforme—. 

Cuando dicha marca es ocasional, sin un significado claro, no tiene mayor importancia. Pero cuando se establecen códigos de marcas y formas de hacerlo, tal campaña puede comenzar a impulsar otras maneras crecientemente más creativas en las próximas elecciones. Eso abre un camino para la pérdida del anonimato en el voto y, en consecuencia, para que se pueda ejercer coerción al hacerlo. Dichas formas pueden ser sutiles e indirectas, pero cuando dicha opción se extiende de un criterio aceptado para casos aislados a acciones masivas coordinadas, se está introduciendo un problema predeciblemente grave para la libertad con que se ejerce el sufragio. 

Es posible que hoy no sea este el caso, y que esta campaña tenga como único propósito motivar a la gente a manifestarse en favor de una asamblea constituyente, para lo cual fundan su esfuerzo en que las autoridades no han llamado a esa consulta y sería esta una manera creativa de hacerlo. Pero está en juego la libertad con que se ejerza el voto en el futuro, y la posibilidad de que se reinstalen prácticas de cohecho felizmente desterradas puede verse incrementada mediante acciones coordinadas masivas. Debe prevenirse dicha derivación regresiva impidiendo esa forma de manifestación en el voto mediante una reforma legal clarificadora. Y si se digitalizara todo el sistema electoral, eso no dejaría más espacio de manifestación que la sola preferencia del votante.

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Asamblea constituyente (31.10.2013)
Señor Director:

Se ha pretendido por algunos sectores llamar a que los electores de las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejo regional se manifiesten a favor de la constitución de la asamblea constituyente, para lo cual deben marcar algunos de los votos que emitirán.

Ello es enteramente improcedente y nulo de conformidad con nuestro régimen institucional. La Constitución Política de Chile, en su artículo 128, establece que solo el Presidente de la República puede convocar a plebiscito nacional, y en un caso muy específico que se refiere al rechazo por parte del Congreso Nacional al veto del Presidente de la República a un proyecto de reforma constitucional. La convocatoria a plebiscito aparece rigurosamente reglamentada en el artículo 129 de la Constitución y 26 de la Ley de Votaciones y Escrutinios. 

El incitar a marcar el voto es promover una gestión que es de suyo ilegítima. En efecto, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica sobre Votaciones y Escrutinios: en el interior de la cámara el votante podrá marcar su preferencia en la cédula solo con el lápiz de grafito negro haciendo una raya vertical que cruce la línea horizontal impresa al lado izquierdo del número del candidato. El ejecutar una marca adicional en el voto constituye un acto que excede lo que el elector debe hacer.

Es cierto que el voto marcado, si es que tiene claramente señalada una preferencia, debe ser escrutado a favor del candidato beneficiado, pero es también cierto que la existencia de marcas es una causal de objeción del voto. Es decir, constituye un voto objetable y la objeción puede ser formulada por vocales y apoderados. El voto así objetado será en definitiva validado o anulado según lo resuelva el Tribunal Calificador de Elecciones que conocerá de dicha objeción. 

No es entonces efectivo lo que ha dicho el Director del Registro Electoral en el sentido de que los votos marcados son enteramente válidos. Ello dependerá de si han sido objeto de objeción o no, y si lo han sido, del pronunciamiento que en definitiva deberá tomar el Tribunal Calificador de Elecciones. No le corresponde entonces al Director del Registro Electoral expresar a priori que dichos votos son válidos, ya que no le compete a él pronunciarse sobre la validez de los votos marcados. La marca en el voto en definitiva ensucia el proceso electoral y ciertamente a ningún candidato le conviene que un elevado porcentaje de los votos obtenidos hayan sido objetados como marcados.

Por todo lo anterior, el llamamiento a marcar los votos es un acto contrario a la Constitución y a la Ley de Votaciones y Escrutinios que atenta contra la limpieza de la elección y que en definitiva es un acto contrario a nuestra institucionalidad democrática. 

José María Eyzaguirre García de la Huerta

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Cohecho y votos marcados (02.11.2013)
Señor Director:

Como ha editorializado “El Mercurio” esta semana, la campaña que busca marcar el voto con la sigla AC (Asamblea Constituyente) en las próximas elecciones, podría terminar restableciendo una práctica desterrada de nuestros procesos electorales hace más de medio siglo, como es el cohecho sobre quienes concurren a votar. 

Efectivamente, en 1958 la Ley 12.889 introdujo una serie de modificaciones a la institucionalidad electoral. Una de las más importantes fue el establecimiento de la Cédula Única. Este histórico cambio terminó con el uso de papeletas particulares, y redujo el efecto del cohecho en particular en zonas rurales, donde el control sobre las preferencias era mayor.

En esa época, algunos partidos se mostraron inicialmente reticentes a una reforma que constituía una amenaza para sus intereses electorales, como recoge la literatura. Más de cinco décadas después, la iniciativa que promueve la marca masiva y coordinada de votos podría tener el efecto, no buscado, de restablecer la práctica del cohecho en las elecciones. Si ahora es AC, mañana pueden ser las iniciales de determinado candidato, o su número en la papeleta. 

La demanda por un cambio constitucional es algo normal y legítimo como parte de la deliberación democrática. No obstante, es preciso tener en cuenta los efectos que podría tener utilizar las votaciones populares, cuyo propósito es seleccionar autoridades a través de la participación de la población, para promover otros objetivos. 

Al mismo tiempo, el peligro de un retorno del cohecho se acrecienta con el novel sistema de voto voluntario, bajo el cual adquiere mayor incidencia la movilización selectiva de electores. 

En definitiva, entre los principios del sufragio democrático se cuentan: universalidad, igualdad y la naturaleza secreta y libre del mismo. En ese sentido, resulta deseable que los procesos electorales se mantengan ajenos de prácticas como el cohecho, que lesionan los principios señalados precedentemente. 

Andrés Dockendorff

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Votos marcados (03.11.2013)
Señor Director:

El Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral ha señalado en más de una ocasión que los votos marcados que además contengan una clara preferencia electoral son válidos, confirmando lo dispuesto por la ley electoral chilena. El ciudadano José María Eyzaguirre García de la Huerta intenta refutar lo anterior manifestando que la validez de los votos marcados “dependerá de si han sido objeto de objeción o no, y si lo han sido, del pronunciamiento que en definitiva deberá tomar el Tribunal Calificador de Elecciones”, agregando que “no le corresponde entonces al director del Registro Electoral expresar a priori que dichos votos son válidos, ya que no le compete a él pronunciarse sobre la validez de los votos marcados”, y que el llamado a marcar el voto “es un acto contrario a nuestra institucionalidad democrática”. 

El señor Eyzaguirre está equivocado. Es evidente que la calificación definitiva, en caso de objeciones, no la hace el Presidente del Consejo Directivo del Servel (la figura de “Director del Registro Electoral” no existe desde hace varias décadas). Lo que hace el Servel es instruir a todos los vocales de mesa a lo largo de Chile para que sepan de antemano que los votos con marcas que contengan una clara preferencia electoral son válidos y deben, por lo tanto, ser escrutados el día de la elección. Por lo tanto, es incorrecto sugerir que los votos serán nulos y, aun más, que se trata de una campaña ilegítima que pugna con la institucionalidad. Podrá no ser del agrado de él y otros compatriotas, pero si algo ha quedado definitivamente claro con las declaraciones del órgano encargado de fiscalizar los procesos electorales en Chile, es que marcar el voto con las siglas “AC” es un acto legal. 

Jorge Contesse Singh

Profesor de Derecho 

Rutgers University 


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Cohecho (03.11.2013) 
Señor Director:

La campaña de marcado de votos con la clave AC, actualmente en curso, ha traído a nosotros nuevamente la preocupación por este viejo flagelo, ahora más que nunca.

 Pero no debiera ser la única razón para ello. Hoy en día, la manera más eficiente y efectiva de demostrar el voto efectuado es fotografiándolo con el teléfono celular. Por esto, debiera prohibirse el ingreso a la cámara secreta con cualquier dispositivo que permita fotografiar el voto, y obviamente, hacerse efectiva esta prohibición requiriendo dejar los dispositivos en la mesa junto con la cédula de identidad.


Fernando Silva Zavan

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Marca AC y cohecho (05.11.2013)
Señor Director:

 Se ha reiterado en estas páginas que el llamado a marcar el voto con la sigla AC (Asamblea Constituyente), en las elecciones presidenciales, supondría: i) peligro eventual de cohecho; ii) constituiría una actividad ilegítima. Esto es objetable por las siguientes consideraciones:

Las reglas en materia de votos marcados están claramente establecidas en la ley (Art. 70 de la L.O.C. sobre Votaciones Populares y Escrutinios). No es necesario insistir sobre lo que ya se ha informado por las instancias de control electoral: según lo señalado por dicha ley, las cédulas marcadas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia y “deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen”. Por consiguiente, es una tergiversación que pretende confundir y engañar al ciudadano señalar con irresponsabilidad que se trata de una campaña ilegal que invita a la nulidad del voto.

En cuanto a la eventualidad de cohecho, se trata de una hipótesis que debe ser descartada. Primero, porque la campaña se compone de adherentes difusos, esto es, que no se inclinan por un candidato determinado. La campaña Marca Tu Voto es transversal y no está al alero de ninguna campaña ni candidato particular.

Segundo, el Servel ha declarado que las marcas se registrarán en las actas de votación, lo que, desde luego, permitirá a las instancias investigativas tomar las medidas que sean necesarias en hipótesis de cohecho. El registro de las marcas es una medida que ayuda a hacer improbable el cohecho.

Finalmente, porque se trata de una acción legal, pacífica, que tiene como único propósito lograr una discusión sobre la necesidad de un cambio constitucional para Chile mediante un procedimiento deliberativo, participativo y representativo. Se trata, como queda en evidencia, de una iniciativa en que las ciudadanas y los ciudadanos que llamamos a marcar el voto lo hacemos sin ofrecer paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa. Y para que no haya espacio a las especulaciones, lo hacemos públicamente y a rostro descubierto, a diferencia de los aportes a algunas campañas electorales.

Por tales consideraciones, una vez más volvemos a remarcar, con absoluta responsabilidad cívica, que Marca tu Voto es una iniciativa ciudadana pública, independiente, participativa y completamente amparada por nuestra legislación electoral.


Jaime Bassa
Pablo Contreras
Eduardo Chia
Matías Guiloff
Domingo Lovera
Constanza Salgado
Luis Villavicencio
Christian Viera
Alejandra Zúñiga



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Votos marcados y cohecho (07.11.2013)


Señor Director:

En relación con el debate ocasionado con motivo de la campaña “Marca tu Voto” con AC (Asamblea Constituyente), es necesario examinar algunos argumentos. Ello, a la luz de la legislación que regula las votaciones y de la experiencia histórica de los procesos electorales en Chile.

En primer lugar, respecto del tratamiento de los votos marcados, la LOC 18.700, en su artículo 71, dispone que en el Acta de la Mesa Receptora de sufragios solo se haga un registro general de las marcas o accidentes que contengan las papeletas, dejando constancia específica únicamente de la preferencia indicada. Es decir, en términos simples, se registra el nombre del candidato señalado por el votante. En ningún caso se indica el contenido o significado de las marcas o el tipo de accidente que puedan presentar los votos. Ello supondría dar cuenta no solo de las marcas AC, sino que también de otras leyendas o signos algo más prosaicos que la demanda por un cambio constitucional, y que también pueden ser objeto de campañas masivas, como efectivamente ocurrió en las elecciones municipales de 1996.

Los votos marcados, a su vez, podrán ser objetados por vocales y apoderados, en cuyo caso entran en la categoría de votos “marcados y objetados”, pasando al Tribunal Calificador de Elecciones. De registrarse una cantidad significativa de sufragios en esa condición, podría afectarse el proceso de escrutinio, retrasando de esa manera los resultados y generando incertidumbre sobre los mismos.

En segundo lugar, respecto del cohecho, en ninguna parte se ha planteado que la iniciativa ciudadana para marcar los votos AC promueva dicha práctica. Más bien, se ha señalado que el cohecho lesionó severamente la libertad e igualdad del sufragio democrático en el pasado, en especial en segmentos más humildes del electorado sobre todo en zonas rurales. En tal sentido, campañas destinadas a la marca de votos introducen poderosos incentivos para que, eventualmente, en elecciones futuras se pueda identificar incluso a electores a través de señas en las papeletas, a objeto de retribuir el sufragio por un determinado candidato o para promover intereses particulares a través de mensajes alusivos.

No es el propósito de esta carta pronunciarse acerca de la legitimidad u oportunidad de la campaña por una asamblea constituyente. Sin embargo, a pocos días de los comicios se hace necesario un pronunciamiento definitivo de la autoridad electoral sobre esta materia para evitar interpretaciones discrecionales que puedan alterar el proceso eleccionario. 

Miguel Ángel López
Tomás Duval
Pedro Figueroa
Andrés Dockendorff



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AC, Resquicio de la Nueva Mayoría (08.11.2013)


Señor Director:

Preocupa a importantes sectores la amenaza de que se estampe la sigla AC en las cédulas electorales de los próximos comicios. Diversas personalidades públicas, académicas y medios han expresado la improcedencia de esta marca, subrayando que no es de la misma naturaleza ni puede igualarse a otras que, desgraciadamente, como se ha dicho, han ido siendo permitidas desde 1958, año de la creación de la cédula única.

Es público y notorio que se está frente a una convocatoria de facto para un acto de pronunciamiento popular ajeno al acto electoral próximo, donde se estamparía la aludida consigna AC, y que tendría una finalidad legislativa con la participación de otros actores y de una materia diferente al próximo acto eleccionario. Esta irregularidad ha sido explícitamente formulada por partidarios y representantes de la Nueva Mayoría en foros de TV y otros medios. Incluso, se ha llegado al colmo de que una magistratura sustituyó la penalidad correspondiente al autor del desacato de ocupar el ex Congreso Nacional e interrumpir la sesión que allí se realizaba, por una acción de promoción de la AC y la campaña Marca tu Voto.

La situación expuesta aparentemente se contrapondría a la reiterada afirmación de la candidata Bachelet de que la reforma constitucional que ella propicia se haría a través de la institucionalidad vigente, la cual es muy estricta en materia de convocatorias plebiscitarias.

Pero, y aquí vendría el resquicio legal de esta al parecer resurgente UP: en la medida en que la marcación de que se trata represente un porcentaje masivo de cierta contundencia, ¿quién va a evitar la presión que se ejercería sobre el Congreso Nacional a esta manifestación de una importante masa popular?

La confabulación para la sigla AC es un campo de generosa posibilidad para el cohecho, aun cuando se haga con el lápiz de grafito que entrega la mesa, usando diversidad de tipos de letras y distintas ubicaciones en la cédula, lo que proporcionaría, adicionalmente, otro golpe decisivo al gran anhelo que hace más de 50 años tuvo el país de purificar una de las mayores prostituciones de la dinámica eleccionaria de una democracia en un Estado de Derecho.

Sergio Rillon

Todo partió con una resolución de un juez de garantía, que ordenó asegurar el derecho de sufragio activo a las personas que se encuentran sujetos a prisión preventiva (lee la resolución). La repercusión política no tardó. La Ministra de Justicia anunció que el gobierno trabajaría en un proyecto de ley para efectos de garantizar el derecho. La candidata presidencial del oficialismo, Evelyn Matthei, critico duramente la medida, sosteniendo que se estaría "yendo demasiado lejos", mientras que su generalísimo, Joaquín Lavín, lo calificó de "inaceptable". La vocera de Gobierno rápidamente salió a descartar el envío de un proyecto tal al Congreso. 

Todavía queda por ver la forma en que se deberá cumplir la resolución del juez de garantía. Sin perjuicio de ello, es pertinente recordar las reglas constitucionales en la materia y el debate de distintos agentes sobre la materia. La Constitución establece que el derecho de sufragio se suspende y se pierde en distintas hipótesis. Los artículos 16, No. 2 y 17 Nos. 2son los preceptos pertinentes.

Artículo 16.- El derecho de sufragio se suspende: 
1o.- Por interdicción en caso de demencia;
 2o.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y
 3o.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15o del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15o del artículo 19.


Artículo 17.- La calidad de ciudadano se pierde:
1o.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;
2o.- Por condena a pena aflictiva, y
3o.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.


Es también relevante considerar que la regulación de la suspensión del sufragio viola frontalmente las obligaciones internacionales de Chile, en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Artículo 23.  Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.  

El debate ha criticado las omisiones para implementar el derecho de sufragio a personas privadas de libertad y ha  rescatado las contradicciones y falacias de la posición de Evelyn Matthei. Acá se compilan algunas opiniones.

1. D. LOVERA Y P. MARSHALL: VOTANDO EN LA CÁRCEL
El proyecto del gobierno que permitía votar a cerca de 13 mil presos no verá la luz. “No conecta con lo que la gente pide, que es mayor protección a las víctimas, más que trato ciudadano con los delincuentes”, cuestionó la candidata Evelyn Matthei. En contra de un ambiente electoral marcado por la idea de que estar en la cárcel no es suficiente castigo, dos académicos defienden aquí el derecho a voto de los presos. Explican que no es un favor que se les hace a los delincuentes: es simplemente respetar la ley. Precisan que el verdadero impulsor del tema es un Juzgado de Garantía que ha dado una dura pelea legal, mientras que el rol del gobierno ha sido “desolador”.

2. F. COX: PRESOS Y SIN VOZ
Al privárseles del derecho a ejercer su voto estamos diciendo "no nos interesa su opinión" o "usted ya no es parte de esta comunidad, porque no lo vamos a escuchar". 

3. P. MARSHALL: EL SUFRAGIO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD
Un proyecto de ley en esta dirección busca establecer una coherencia entre el reconocimiento y la garantía del derecho a sufragio y al mismo tiempo endosando estándares democráticos a la altura de los países desarrollados.


4. J. HESKIA: VOTOS DE LOS REOS
La privación de libertad es una medida que se debe cumplir de tal forma que se afecten al mínimo otros derechos humanos fundamentales distintos a la libertad ambulatoria.


5. T. HENRÍQUEZ Y J. I. MARTÍNEZ: PRESOS Y DERECHO A VOTO
Podrá estarse o no de acuerdo con que las personas privadas de libertad tengan derecho a sufragio. Pero lo cierto es que hoy la situación es de una objetiva vulneración de ese derecho y la medida que había anunciado el gobierno hacía posible su cumplimiento.

El debate jurídico sobre la iniciativa "Marca Tu Voto" (MTV) y el cumplimiento de las obligaciones de la legislación electoral ha ido tomando un nuevo rumbo. Hemos ido registrando en este blog algunos de los dilemas que han aparecido (véase "Debate sobre 'Marca Tu Voto'"; "Manifiesto de profesores de derecho por una asamblea constituyente"; "Debate sobre el Manifiesto de profesores de derecho que llaman a marcar el voto").

En su momento, MTV realizó una presentación ante el Servicio Electora (SERVEL), con el objeto de que se instruya a los vocales de mesa al cumplimiento pleno de la ley, en relación a la validez de votos marcados que expresan claramente una preferencia y respecto de la obligación de registro en el Acta de la mesa de las marcas y accidentes en los votos. La presentación puede ser leída aquí. 

El SERVEL, mediante su Presidente, respondió la presentación, con dos puntos que interesan destacar. 
Primero: "dar fiel cumplimiento en la normativa electoral respecto a esta materia". 
Segundo: "Instruir a través de las cartillas de instrucciones a los vocales de mesas receptoras de sufragios acerca de recuperar en las observaciones del Acta lo que la Ley establece en relación a los votos marcados, a fin de que ellos en uso de sus facultados procedan de acuerdo a lo dicho precedentemente."  La respuesta puede ser leída íntegramente aquí.

La prensa informó esta respuesta durante el día viernes 2 de agosto de 2013, de distinta forma (véase a modo de ejemplo, las notas de EMOL, El Mostrador y La Tercera).

Pronto hubo una reacción a nivel de cartas a los directores de diarios. En este post se compilan dos:

EL MERCURIO (05.08.2013)


Señor Director:

En democracia, las elecciones tienen como propósito que los ciudadanos puedan escoger a los representantes a través del sufragio libre e igualitario. Por ello, es motivo de preocupación la noticia de que los votos marcados con la sigla AC (Asamblea Constituyente) serían contabilizados.

Sin entrar al debate sobre el cambio constitucional, estimamos necesario señalar que el conteo de marcas distintas a la preferencia por un candidato no constituye un procedimiento contemplado en la normativa vigente que regula los procesos electorales. La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece solamente la existencia de: votos válidamente emitidos, nulos, blancos y objetados. En su artículo 71, la norma en comento establece claramente que, en el caso de los votos que contengan, además de la preferencia por un candidato determinado, "leyendas, otras marcas o señas gráficas", estos deberán ser escrutados en favor del candidato indicado por el elector. La ley también consigna que en el Acta de la mesa receptora de sufragios solo se "indica la preferencia que contienen" dichas papeletas, en ningún caso los mensajes o signos inscritos. En tal sentido, la normativa no faculta al Servicio Electoral (Servel) a instruir a los vocales de mesa para que realicen, además del conteo de las preferencias, ningún tipo de análisis de contenido o interpretación de las siglas o marcas que puedan contener las papeletas, ni mucho menos aún a proceder a su conteo.

De la misma forma, la Ley 18.700 establece claramente, para el caso de los votos que no señalen preferencia alguna, que estos serán escrutados como votos blancos, contengan o no en forma adicional "leyendas, otras marcas o señas gráficas", las que en ningún caso deberán ser registradas en las observaciones del Acta.

Ante tal situación, es deseable que la implementación de las elecciones se apegue a lo dispuesto en la normativa que regula dichos procesos, evitando incurrir en innovaciones que puedan producir confusión en la ciudadanía y afectar, de paso, el normal desarrollo de los comicios.

Tomás Duval Varas
Miguel Ángel López Varas
Andrés Dockendorff Valdés
Pedro Figueroa Rodríguez


LA TERCERA (06.08.2013)
Señor director:

Indudablemente compleja es la decisión del Servel sobre instruir a las mesas receptoras de sufragio para efectos de contabilizar aquellos votos que al momento del escrutinio se presenten marcados con la sigla AC (asamblea constituyente).

El escenario que se presentará para los presidentes de mesas estará marcado por situaciones no experimentadas por vocal alguno. Legalmente, la calificación de los votos a escrutar permanece inalterable de conformidad a la ley y los únicos votos marcados que podrían ser contabilizados con marcas son aquellos calificados como válidos objetados. No existe el voto nulo objetado o el voto en blanco objetado, lo que permitiría en la práctica contabilizar todo el voto marcado AC y ser incluido en el Acta de Escrutinio. Es de esperar que el Servel clarifique este asunto. 

Otra situación será la presencia de aquellas personas que se presenten representando al Movimiento Marca tu Voto, y que por esa razón no podrían tener la calidad de apoderados de mesa, función que por ley sólo pueden realizar representantes de candidaturas con el respectivo poder notarial. Esta será la parte más delicada del proceso, y si no es considerada con anticipación sólo acarreará problemas al funcionamiento de la mesa receptora y a la gestión de su presidente.

Patricio Guzmán Bozzo
Administrador público
Universidad de Chile

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Doce profesores de Derecho enviamos una carta al Director de El Mercurio, con el objeto de clarificar las obligaciones que establece la ley en esta materia (06.08.2013).

VOTOS MARCADOS 
Señor Director:

Con el objeto de no confundir a la ciudadanía, consideramos nuestro deber aclarar la posición del Servicio Electoral (Servel) en relación con lo que corresponde hacer con los votos marcados en cada una de las mesas receptoras de sufragios del país, en el proceso eleccionario que se celebrará el 17 de noviembre del presente año.

La respuesta de este organismo a la iniciativa "Marca Tu Voto" es clara y no admite doble lectura. En ella se indica, primero, que se dará "fiel cumplimiento" a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios; y, segundo, que se instruirá "a través de las cartillas de instrucciones a los vocales de mesa receptoras de sufragios acerca de recuperar en las observaciones del Acta en relación a los votos marcados". La declaración del Servel no hace más que confirmar lo que prescribe el artículo 71 de la ley citada. Dicha disposición establece en lo pertinente que las "cédulas que la mesa considere marcadas deberán escrutarse, pero se dejará testimonio en el acta de los accidentes estimados como marcas y de las preferencias que contengan".

De la lectura de la ley y de la respuesta del Servel no queda espacio para ambigüedades: un voto marcado que emite claramente una preferencia es válido y, además, ante la aparición de una "marca" la mesa está obligada por ley a "dejar testimonio" de ella de forma específica y concreta. Es más, los miembros de una mesa receptora de sufragios que omitieran el cumplimiento de esta obligación podrían incurrir, de conformidad al artículo 132 numeral 7, en un delito electoral.

De esta forma, y respetando íntegramente lo dispuesto en la ley, se generará un registro público sobre los votos marcados para que la ciudadanía pueda acceder a la información sobre estos, sin que ello signifique en ningún caso alterar el proceso eleccionario. Como académicos de derecho nos parece indispensable que la institucionalidad se respete íntegramente, y por ello afirmamos responsablemente que la campaña ciudadana que llama a marcar los votos es un instrumento legítimo que permitirá manifestar una preferencia intensa respecto de la necesidad de un proceso constituyente realmente democrático.

Jaime Bassa
Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso 
Eduardo Chia
Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello 
Alberto Coddou
Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales 
Jorge Contesse
Profesor de Derecho, Rutgers University y Universidad Diego Portales 
Pablo Contreras
Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado 
Domingo Lovera
Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales 
Diana Maquilón
Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales 
Fernando Muñoz
Profesor de Derecho, Universidad Austral 
Constanza Salgado
Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez 
Christian Viera
Profesor de Derecho, Universidad Viña del Mar 
Luis Villavicencio
Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso 
Alejandra Zúñiga
Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
 
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En el intertanto, el SERVEL envió un comunicado de prensa que precisó la respuesta que efectuó a MTV, sosteniendo que no contará las marcas de los votos. Varios medios de prensa informaron este comunicado (véase a modo de ejemplo El Mostrador y EMOL).

MTV emitió un declaración pública respecto a las posibles confusiones que el SERVEL pudiere dar a lugar y solicitando audiencia ante el servicio. Puedes leer el comunicado, aquí. 

Hoy, El Mercurio dedica su editorial respecto del alcance de la legislación electoral en materia de votos marcados.

El debate ha continuado en LA TERCERA.

CARTA EN LA TERCERA (09.08.2013)
VOTOS MARCADOS

Señor director:

La proposición de contabilizar los votos marcados con “AC” ha sido calificada ambiguamente por el Servicio Electoral (Servel), por lo cual conviene recordar las normas de la materia.  

Los votos marcados tienen existencia legal en nuestro sistema. Al efecto, el artículo 71 N°5 de la Ley 18.700 señala que se considerarán como marcadas y podrán ser objetadas las cédulas en que se ha marcado claramente una preferencia, pero tengan, además, leyendas o señas gráficas. Estas cédulas deberán escrutarse a favor del candidato que indique la preferencia, pero deberá quedar constancia de sus marcas o accidentes en las actas respectivas con indicación de la preferencia que contienen. Incluso, se proporciona un sobre especial a la mesa receptora para incluir en él los votos marcados y objetados. Lo que no está autorizado, legalmente, es contabilizar separadamente los votos marcados con una determinada seña.  Si así se hiciera se estaría contabilizando una proposición ajena al proceso electoral, el que no puede ser convocado sino para elecciones o plebiscitos expresamente previstos en la Constitución. Por lo tanto, al contabilizarlas, se configuraría una elección popular no autorizada por el artículo 15 de la Constitución. 

¿Se viciaría el acto eleccionario en su conjunto, o solamente afectaría a los votos marcados AC? Si éstos se contaran en forma separada, se desnaturalizaría la elección incluyendo una alternativa o consulta ajena a las previstas por la Constitución.  De ahí la importancia de que el Servel informe con claridad a la ciudadanía.

Pablo Kangiser
Investigador Programa Legislativo LyD


También fue abordado en la editorial del domingo de LA TERCERA (11.08.2013)

La campaña "Marca Tu Voto" ha generado un interesante debate sobre los aspectos técnicos del conteo de sufragios, las garantías del secreto de votaciones y la significación política del acto de sufragar. En este posteo se compilan algunas de las opiniones sobre la materia.

Carta al director, publicada en El Mercurio (Miércoles 15 de mayo de 2013)

Voto marcado

Señor Director:

Se ha convenido por los partidarios de establecer una nueva Carta Fundamental por la vía de una asamblea constituyente que se agreguen a la cédula electoral, además de la cruz correspondiente al candidato preferido, las letras A C.
Afirman aquellos que eso no invalidaría el voto, pues solo sería considerado "marcado", pero que se escrutaría. Los tribunales electorales lo han hecho así en los pocos casos donde se han estampado letras o textos ajenos al fin de la cédula electoral.
Lo que se propone ahora se aleja completamente del alcance del llamado "voto marcado", pues el factor masividad que se espera con las letras A C le da a la acción una connotación muy específica y diferente: la de una consulta plebiscitaria.
La asamblea constituyente (A C) es un método que no está contemplado en la Constitución Política para su modificación, de modo que el propósito del que se trata sería ajeno al método existente sobre la materia.
A C, por tanto, no sería un voto marcado más, sino una explícita ruta no institucional, lo que obligaría a desestimarla.
Además, con este sistema de hacer viable agregaciones masivas a la cédula electoral se podría volver a la condenable práctica del cohecho, lacra de nuestra democracia que con la creación de la cédula electoral y sus múltiplas prevenciones, prácticamente ha sido absolutamente desterrada.

Andrés Rillon Romani
Ex director del Registro Electoral

Respuesta de Jorge Contesse (El Mercurio, Martes 21 de mayo de 2013):

Voto marcado

Señor Director:

En carta publicada por este medio, el ex director del Registro Electoral, Andrés Rillon, sostiene que los votos que en noviembre próximo aparecerán marcados con las siglas "A.C." debieran "desestimarse".
Lo primero que llama la atención es que la "desestimación" de votos no está contemplada por la ley electoral chilena: los votos son válidos, nulos o blancos. Si uno entiende que Rillon quiso decir "nulos", entonces se equivoca, ya que la hipótesis que la ley contempla para ello es esencialmente marcar más de una preferencia, no que el voto tenga anotaciones, leyendas o marcas. De hecho, es interesante que el señor Rillon se refiere a la "cruz" que se debe hacer en el voto, en circunstancias que la ley dispone que la forma de votar es con una "línea vertical", no una cruz.
El ex director Rillon señala que, dado el carácter masivo de la campaña A.C., ésta tendría la connotación de una consulta plebiscitaria, no contemplada como mecanismo válido para modificar la Constitución, de modo que las siglas "A.C." no consistirían realmente en votos "marcados".
El argumento de Rillon es insostenible: para la ley electoral chilena, la masividad de una marca que pueda aparecer en los votos es absolutamente indiferente para su escrutinio. Los votos que tienen una preferencia claramente indicada se escrutan, tengan o no marcas o leyendas adicionales. Lo mismo pasa con los votos blancos: quienes deseen, además de manifestar su desaprobación con todos los candidatos, indicar la necesidad de una nueva Constitución, podrían también marcar "A.C." y su voto, para la ley chilena, es considerado blanco. Por ello, el propio Servel aclaró hace un par de semanas que los votos marcados "A.C." no quedarían bajo la hipótesis de nulidad.
Por último, el señor Rillon advierte que la agregación masiva de anotaciones a la cédula podría provocar actos de cohecho. Tiene razón en llamar la atención sobre la mera posibilidad que esta "lacra de nuestra sociedad", como indica, reapareciera, pero para ello es necesario dar razones y el ex director solo nos explica que ella se erradicó con la creación de la cédula electoral, lo cual evidentemente es una buena noticia, pero no un argumento.

Jorge Contesse Singh

Réplica del Sr. Rillón (El Mercurio, Domingo 26 de mayo de 2013).

Voto marcado
Señor Director:

El ciudadano Contesse Singh, don Jorge, se refiere a mi carta publicada en esta misma página el día 15 del mes en curso referida al "voto marcado" en las elecciones públicas:
a) Que en esa nota dije todo lo sustantivo que pienso sobre el punto.
b) Elude el señor Contesse, Jorge pronunciarse sobre el fondo de la inquietud que me preocupa, cual es la agregación a la cédula electoral de las letras A C significativas de Asamblea Constituyente
c) Que esa operación constituye una forma emboscada de realizar un plebiscito, dada la masividad esperable de su escritura.
d) Que tanto la Asamblea Constituyente como el plebiscito no son rutas establecidas en nuestra Constitución Política para producir su reforma, por lo que las considero desestimables.
e) Que el empleo de este verbo -desestimar- no lo asimilo a "nulo", pues no soy autoridad para dar esta calificación. Para eso están las autoridades superiores del Estado: el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
f) Que hay que cuidar el uso de la cédula única, para que no se transforme en paloma mensajera para el cohecho o para cualquier uso adicional: avisos comerciales, promoción de cruceros de agrado, injurias o calumnias y otros asuntos de cualquier orden. Cuidemos este instrumento público que costó tanto establecerlo. La cédula debe ser considerada símbolo de una democracia limpia.
g) Que revise el señor Contesse el concepto de sufragio que describe en su carta. De seguirse sus indicaciones le aseguro que los votos se anularán en todas las mesas receptoras de sufragios tanto las ubicadas al límite norte establecido en el tratado de 1904 como en las puestas en lo más extremo antártico, de seguro con presencia de pingüinos.

Andrés Rillon Romani 
Ex Director del Registro Electoral



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Columna de Joaquín Fernández en Red Seca (Miércoles 22 de mayo de 2013):

La Campaña “Marca tu voto” y los peligros para el secreto del sufragio

En las últimas semanas, la discusión sobre la creación de una asamblea constituyente en Chile ha vuelto a adquirir vuelo. Uno de los factores fundamentales en los nuevos bríos que ha tomado esta discusión ha sido la aparición de la campaña “Marca tu voto”, que llama a escribir una A.C., de Asamblea Constituyente, en la cédula de votación, con la expectativa de presionar al sistema político para la creación de una asamblea constituyente. Si bien coincidimos con las metas finales de dicha campaña, discrepamos con el medio que se ha elegido para llevarla a cabo, especialmente porque vulnera las normas y las prácticas que aseguraban el secreto de los procesos electorales, amparadas por la Cédula Única de Votación.

La Cédula Única de Votación, adoptada en 1958 en Chile por una amplia coalición de partidos conocida como Bloque de Saneamiento Democrático, cumplió un importante rol en debilitar algunas de las formas más groseras de clientelismo político asociadas a las votaciones, las que habían sido pan de cada día en la historia electoral del Chile republicano. Nos referimos al cohecho, o compra de votos, y el caciquismo, o control sobre las votaciones ejercido por notables locales, especialmente en las zonas rurales. La implementación de la Cédula Única contribuyó a sanear los procesos electorales, a independizar al electorado campesino y dar mayor competitividad al sistema político, acabando con el seguro o “colchón” electoral con que contaban los partidos de raigambre oligárquica para ejercer su poder de veto en la política nacional.

La Cédula Única dificultaba el control del sufragio por parte de cohechadores o caudillejos locales. Ellos podrían seguir intentando pagar por los votos o ejercer presiones a los electores, sin embargo dejaron de tener mecanismos para controlar que el votante cumpliera su parte del “compromiso” clientelístico. Esto se debía a que ya no podrían entregarle una papeleta predeterminada al elector, ni vigilar que esta fuese depositada en la urna.

El que pueda objetarse los votos que contengan marcas, aunque expresen una preferencia clara, es un aspecto fundamental de nuestro sistema de Cédula Única y se inscribe en la misma lógica de frenar los mecanismos de control del sufragio por parte de los cohechadores. Esto se debe a que las marcas en los votos son elementos que permiten su identificación al momento de realizar los conteos. Si bien la existencia de marcas en un voto no implica su anulación, la posibilidad de objetarlo desincentiva dicha práctica y permite poner atención a posibles focos de cohecho, facilitando su identificación e investigación.

Por lo mismo, la existencia de campañas como “marca tu voto” legitiman una práctica política, que si bien puede ser legal, es  dañina y erosiona normas y usos que habían facilitado hasta el momento la efectividad del secreto del sufragio. Los diversos pronunciamientos que han hecho políticos, intelectuales y artistas sobre la legitimidad de marcar el voto, generan un ambiente proclive a dicha práctica, que puede producir a corto y mediano plazo efectos no deseados por sus propios propulsores.

Se ha sostenido que existen precedentes internacionales que demostrarían la viabilidad de este tipo de iniciativas. Al respecto se ha mencionado el caso de Colombia, donde uno de los factores decisivos en la génesis de la Asamblea Constituyente de 1991 fue la campaña liderada en las elecciones del  año anterior por estudiantes universitarios, destinada a que los votantes hicieran  patente su voluntad de generar una asamblea constituyente.

Sin embargo, es necesario evidenciar las diferencias contextuales entre los casos chileno y colombiano. Al momento de llevarse a cabo esta iniciativa en Colombia, no existía la cédula única de votación, sino un sistema de papeletas múltiples, en que cada candidatura disponía de una boleta para la votación. En este marco, el movimiento que llamaba a pronunciarse por una constituyente fue conocido como “Séptima Papeleta”, en cuanto llamaba a depositar una papeleta más en las elecciones parlamentarias de 1990, demandando la creación de una asamblea constituyente.

Probablemente los propulsores de la campaña “Marca tu voto” se encuentren conscientes de que su proyecto no tendrá efectividad inmediata. Eso no le resta valía a su esfuerzo. Usualmente este tipo de actos políticos tiene un valor testimonial, que puede interpretarse como un paso más en la acumulación de fuerzas con miras a la creación de un ambiente propicio para la alcanzar los objetivos deseados. En este caso, se trataría de la generación  de un “momento constitucional”.

Sin embargo, una campaña con las características específicas de “marca tu voto” puede terminar erosionando  normas y prácticas políticas que han sido útiles para mantener la transparencia de las elecciones y contener el clientelismo político, y que sin ninguna duda pueden considerarse entre las conquistas democráticas más importantes de nuestra historia republicana.

Respuesta de Fernando Muñoz en el mismo medio (Miércoles 22 de mayo de 2013):

Los anodinos peligros de marcar el voto: respuesta a Joaquín Fernández

Escribo esto a fin de entrar en diálogo con Joaquín Fernández, quien en este mismo medio ha manifestado su temor de que la campaña “Marca tu Voto” permita el surgimiento de prácticas que atenten contra el carácter secreto del sufragio y, de esa manera, posibilite el resurgimiento del cohecho. Ello, en el entendido de que el plano en el que estamos discutiendo es el de la prudencia de las estrategias a seguir por quienes aspiramos a reemplazar la actual Constitución. Así, debo decir que dicho peligro me parece anodino: insignificante, ineficaz e insustancial. Discrepo de dicho temor por lo siguiente: aquel sugiere que de algo que no está prohibido (hacer marcas en el voto) surgirá algo que está penalizado (“violar el secreto del sufragio”, al decir del artículo 132 Nº 5 de la Ley 18.700; “solicitar votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa”, al decir del artículo 137 de la misma ley). ¿Y por qué no habría de surgir lo segundo de lo primero? Por una razón muy simple: a las distintas caracterizaciones jurídicas que la ley electoral le asigna a cada acto (marcar el voto = ninguna consecuencia jurídico-institucional; violar el secreto del sufragio y solicitar votos por recompensa = delito) corresponden distintas respuestas institucionales. Y eso hace toda la diferencia.

Si aparece un voto marcado, ya sea que diga “Viva Superman” o “AC”, jurídico-institucionalmente no pasa nada; dicha marca es jurídicamente invisible. Por supuesto, políticamente podría pasar mucho si los votos que marcan “AC” son millones; pero, de nuevo, no porque ellos tengan algún significado jurídico-institucional, sino porque son un acto comunicativo del cuerpo electoral, esto es del pueblo, que las autoridades jurídico-institucionales podrán (o deberán, según las ideas que uno tenga) escuchar. En cambio, si aparece un voto cuyas marcas o señas hacen suponer a las autoridades electorales (ya sea a los integrantes de la mesa receptora de sufragios, al colegio escrutador, a un tribunal electoral regional, o al tribunal calificador de elecciones) que se ha verificado un acto de cohecho, dichas autoridades deberán informar al Ministerio Público, el cual deberá investigar de acuerdo a las facultades que le concede la ley. Eso involucrará citaciones a declarar a los integrantes de los comandos de las candidaturas sospechosas, a posibles testigos presenciales o de oídas, eventualmente la incautación de libros y computadores donde se sospeche que hay información que pueda constituir prueba, y así sucesivamente. Por cierto, eso es todo lo que jurídico-institucionalmente se puede hacer para castigar penalmente un acto de cohecho, con o sin marcas en el voto.

A su vez, esta respuesta jurídico-institucional tiene consecuencias sobre el actuar racional. Por esto, me permito además dudar que en un contexto como el de la “democracia de medios” en que vivimos hoy, una candidatura estaría dispuesta a incurrir en el pésimo análisis costo-beneficio que involucra el cohecho. Hagamos el ejercicio: a fin de obtener unos pocos votos más, se gasta mucho dinero ofreciendo pequeñas cantidades de dinero a muchos individuos que tienen poco que perder denunciando el hecho, todo lo cual supone un altísimo costo político e incluso penal para la candidatura en cuestión. Es esta “economía del cohecho” el mejor freno para la reemergencia del cohecho. El cálculo costo-beneficio indica que es más racional gastar dinero en aparecer en la prensa masiva (periódicos, avisos en radios) y en letreros que en intentar cohechar a los electores. Incluso es más racional gastar dinero en entregar regalos a electores sin pedir nada a cambio.

Es necesario agregar que, a nivel de política pública, si se llega en algún momento a detectar la realidad de un riesgo que hasta acá constituye una mera suposición –esto es, que el uso de papel y lápiz como instrumentos de sufragio posibilite la identificación de los votos–, entonces la solución es bastante sencilla: estudiar la posibilidad de reemplazar el papel y lápiz por mecanismos electrónicos de voto.

Una última observación. Joaquín hace referencia al caso colombiano, indicando que en aquel país existía un procedimiento electoral similar al que existía en Chile antes de la implementación de la cédula única: esto es, que las candidaturas distribuían las papeletas electorales. Lo interesante es que ese es el contexto situacional que permitió que la convocatoria a activar el poder constituyente surgiera desde fuera de la institucionalidad y desde el movimiento social y que se expresara en una Séptima Papeleta y Cuarta Urna. Es el contexto situacional distinto, en que hay cédula única en lugar de tantas papeletas como candidaturas, lo que explica la estrategia empleada por la campaña Marca tu Voto. En Chile, las disposiciones de la Ley 18.700 llevarían a que la iniciativa de instalar una Cuarta Urna al lado de las otras tres (presidente, senador y diputado) sería, o bien considerada ilegal por las autoridades electorales, o bien de ser aceptada tendría que ser solventada económicamente por los particulares, pues las municipalidades no podrían hacerlo debido a no estar contemplado dicho gasto en su presupuesto.

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Columna de opinión de Gonzalo Rojas en El Mercurio (Miércoles 22 de mayo de 2013):

El voto degradado

¿Hemos tenido respeto por el voto a lo largo de la historia de Chile, o esta es la primera ocasión en que estamos tratando a la cédula electoral como si fuera papel higiénico?

No cabe duda de que entre 1833 y 1958 el sufragio padeció males graves. La intervención presidencial, la violencia contra los electores de la oposición, el fraude, el cohecho y el acarreo -en gran parte de esos años, además, en un contexto de sufragio censitario y solo para varones- están abundantemente documentados y difundidos. Nadie podría escan- dalizarse si se afirma que fue un voto generalmente fal- so, degenerado.

Que esa realidad haya sido funcional a ciertas estabilidades y a ciertos consensos, es otra cosa. Y por eso, solo personalidades con extraordinario sentido del bien público, como Manuel José Yrarrázaval, empeñaron vida y fortuna en cambiar ese panorama.

Después, desde 1958 y hasta 1973, gracias a la introducción de la cédula única, el voto entraba en su etapa más honrada. Por eso, aunque sonaran algo ridículas expresiones como "fiesta cívica" o "rito republicano", esos conceptos llenaban de legítima satisfacción a los electores.

Pero la UP se encargó, como en casi todo, de estropear lo avanzado. Las parlamentarias de marzo del 73 fueron viciadas por entre 200 mil y 300 mil votos fraudulentos. El mismo Carlos Prats había declarado al día siguiente del escrutinio: "El sistema electoral chileno ya no resiste una nueva elección".

La Presidencia Pinochet entregó al país un sistema electoral saneado, con registros confiables y basados en la responsabilidad personal, con escrutinios veraces, con escasas posibilidades para la intervención ilegítima de los poderes y de los dineros. Así funcionó la democracia electoral restaurada por el gobierno militar, desde 1988 y hasta el año pasado.

Pero, y ahora, después de las municipales del 2012, ¿cómo está el voto? Mal, muy mal.

Estamos cerca de batir todos los récords nacionales en cuanto a degradación del sufragio, porque nunca se habían dado juntas cuatro deformaciones que lo deterioran hasta límites casi invalidantes.

Por una parte, la total irresponsabilidad del ciudadano frente a la papeleta. Ha primado con la inscripción automática y el sufragio voluntario una doble degradación: no te comprometas, y si nada haces, nada temerás.

En segundo lugar, la existencia de registros viciados. Se enojó mucho el encargado electoral del Gobierno cuando en este espacio se denunció la "presencia" de cientos de personas fallecidas en unas pocas mesas. Hoy, los muertitos activos están estimados en cerca de 600 mil en todo el sistema, es decir, casi el 5% del cuerpo electoral total.

Se suma la elaboración de complicados sistemas electorales previos, llamados primarias y que a pocos han interesado, aunque finalmente parece que será mediante unos bypasses llamados "primarias no oficiales" que se cumplirá el mismo objetivo.

Pero nada más degradante que el llamado de los grafiteros electorales a escribir siglas o mensajes en los votos. Acostumbrados a ensuciar todas las paredes posibles en sus ciudades, proponen ahora que sus electores procedan a demarcar territorio -así lo hacen algunas especies animales y ciertas tribus urbanas- para señalar una tendencia que nada tiene que ver con las opciones impresas. Después comunicarán que sumaron millones y millones de grafitis y que, por lo tanto, los electos en noviembre no valen nada.

Pobre voto. Hubo unos breves tiempos en que importaba tanto como el certificado de nacimiento o la escritura de compraventa de la casa propia o el diploma del título profesional o técnico. Pero si seguimos así, pesará lo que un boleto de micro en ciudad de provincia.

Carta al director de El Mercurio, en respuesta a Gonzalo Rojas (Viernes 24 de mayo de 2013)


¿Voto degradado?

Señor Director:

En su reciente columna, Gonzalo Rojas afirma que “estamos cerca de batir todos los récords nacionales en cuanto a degradación del sufragio”. Varios podríamos compartir su diagnóstico respecto de que el sufragio voluntario pudo no haber sido la mejor medida para recuperar el prestigio del voto. Sin embargo, el columnista concluye con una afirmación que no podemos sino calificar de infundada, en la medida en que el contexto indica que se refiere a la campaña “Marca tu Voto”: “Nada más degradante que el llamado de los grafiteros electorales a escribir siglas o mensajes en los votos”.

Al respecto, cabe señalar que la campaña “Marca tu Voto” dista de degradar el voto; al contrario, lo dignifica como uno de los más importantes actos de comunicación política en la decisión de los asuntos que involucran a la comunidad. El llamado a marcar el voto con el fin de expresar el deseo de convocar a una asamblea constituyente pretende utilizar una vía institucional, bajo las reglas legales vigentes, para enviar un mensaje a las autoridades públicas en la cual se expresa el deseo de un gran número de ciudadanos: ejercer el autogobierno colectivo, por primera vez en la historia de Chile, para acordar las principales reglas del juego.

En otras palabras, se trata de recuperar el sentido político del voto para expresar los deseos que tiene Chile de constituirse como pueblo. Por consiguiente, constituye una acción eminentemente republicana, pacífica y democrática que apela a deliberar colectivamente sobre la necesidad de una nueva Constitución.

Por eso, antes que ser una acción degradante del proceso político, o un llamado a su interrupción a través de la fuerza —este último, un tipo de intervención justificada innumerables veces por el señor Rojas—, la campaña “Marca tu Voto” busca que el pueblo, independiente de su preferencia presidencial al momento de sufragar, haga presente no solo su disenso con las reglas vigentes, sino también su voluntad de dignificar la política como espacio de autoconstrucción colectiva.

Jaime Bassa y Luis Villavicencio
Universidad de Valparaíso

Eduardo Chía
Universidad Andrés Bello

Alberto Coddou y Domingo Lovera
Universidad Diego Portales

Pablo Contreras
Universidad Alberto Hurtado

Fernando Muñoz
Universidad Austral de Chile


Réplica del Sr. Rojas (El Mercurio, Sábado 25 de mayo de 2013).

Votos degradados
Señor Director:

Profesores de cinco distintas universidades animan a los ciudadanos a marcar el voto, considerando esa acción "un espacio de autoconstrucción colectiva".
Más allá de la fantasiosa frase referida -traducible por algo así como "sólo al marcar el voto sabremos quiénes somos"- es importante que los profesores ¿de Derecho? nos aclaren si aconsejan a sus alumnos proceder del mismo modo manifestando, por ejemplo, en sus escritos judiciales su molestia con una justicia represiva; en sus pruebas escritas su malestar con unas correcciones abusivas; en sus contratos su rechazo a unas normas injustas, y en sus presentaciones a la autoridad su rebeldía ante unos poderes opresivos.
Si así lo aconsejaran, me parecería que realmente quieren ayudar a los ciudadanos a "ejercer el autogobierno colectivo" y sabríamos hasta qué punto el sentido común y la estabilidad de las instituciones -y de ciertas universidades- están amenazados.
Si por el contrario, se limitaran a un llamado a marcar anónimamente el voto, solo habría que lamentar que la ley no permita anular los sufragios degradados.

Gonzalo Rojas Sánchez



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Editorial de Red Seca (Lunes 27 de Mayo de 2013).

Sobre la necesidad del poder constituyente: de la “huelga electoral” a “marca tu voto”

Si hay algo que en el último tiempo se ha instalado en la agenda pública, es la exigencia apremiante de deliberar en torno a una nueva Constitución. Esta demanda, planteada en un primer momento por el movimiento social y estudiantil, ha sido avalada por diversos sectores intelectuales y académicos, e incluso, algunos candidatos a la presidencia la han incorporado dentro de sus programas de gobierno. Estos actores están movidos por la idea de que gran parte de los problemas que acaecen a los chilenos pueden ser redirigidos a la espuria ordenación del poder y distribución de derechos que se estableció en la dictadura. En ese contexto, hay consenso en torno a que, si bien el actual texto fundamental fue reformado innumerables veces, dichas reformas se vieron estructuralmente limitadas por los amarres institucionales y equilibrios artificiales generados por la propia institucionalidad. A ello se suman los obstáculos con que la misma sobrecarga al propio proceso legislativo y que hoy en día impiden cualquier forma de cambio sustantivo, a saber; las leyes supermayoritarias, que unidas a un sistema electoral binominal y un Tribunal Constitucional con control preventivo de las leyes democráticas, no hacen sino perpetuar el orden establecido en dictadura.

 Aquél, al día de hoy, es el diagnóstico. Lo positivo de este avance discursivo es que ha generado un debate público que ha movido la línea de lo políticamente posible en Chile; en otras palabras: se ha rehabilitado la política como un espacio de conflicto entre proyectos distintos. En este contexto, dos hitos comprueban que el eje se ha desplazado y, como consecuencia, la derecha ha reaccionado acentuando las posiciones defensivas. Por una parte, sustituyó a un candidato a la presidencia “lavinesco” por otro con mayores convicciones políticas, destinado a revitalizar el proyecto histórico que su sector representa. Por la otra, fuimos testigos de como se hizo cesar en el cargo al ex director del Centro de Estudios Públicos, conocido por su conducción (elitistamente) inclusiva, aparentemente inaugurando una etapa en la que se habrán de adoptar posiciones firmes y cortafuegos ante un progresivo debilitamiento del proyecto político neoliberal.

 En ese contexto, de recuperación de la lucha política y avance en el posicionamiento de un proyecto político no-conservador, se han presenciado variadas propuestas sobre cómo el pueblo podrá recobrar la definición de aquellas cuestiones que le conciernen. Estas expresiones, dada la alta dificultad para que se den “desde dentro”, se han erigido como movilizaciones ciudadanas, muchas veces autogestionadas, “desde fuera”. Sus demandas apuntan a generar una situación que no se ha dado nunca en nuestro país, pues sus objetivos democráticos y republicanos conllevan deliberar colectivamente acerca de qué orden político queremos y también sobre qué orden social nos daremos. En ambos casos, la solución propuesta es meramente formal, pero no deja de ofuscar a quienes se esmeran por prolongar la existencia de las formas políticas institucionales dadas en la dictadura. Así, la demanda se ha plasmado en la constitución de una asamblea constituyente que delibere y consensúe una nueva Carta Fundamental.

 De esa manera, con el objetivo de llamar a la asamblea constituyente, vemos cómo el historiador Sergio Grez convocó a la “huelga electoral”. En sus palabras: “conscientes que no existe posibilidad de cambio en los márgenes actuales del sistema político, decidimos impulsar una huelga electoral constituyente, una abstención activa, que unida al impulso de los movimientos sociales permita desembocar en un proceso re-fundacional, una convocatoria a una asamblea constituyente”. En su opinión la idea sería “interpelar” a los candidatos a la presidencia respecto a que su participación se realizaría sobre un sistema político inerte.

 Por otra parte, con el mismo ímpetu constituyente, la campaña “Marca tu Voto” ha planteado la realización de una asamblea constituyente a partir del impacto que logre el hecho de que una buena cantidad de quienes participen del proceso electoral de noviembre próximo marquen con las letras “AC” la papeleta de votación de los candidatos a la presidencia. En ambos casos, una desde la omisión en el proceso electoral y la otra partir de conductas expresivistas, los despliegues coinciden en la pretensión democrática: que se lleve a cabo un proceso que desencadene en ejercicio del poder constituyente..

 Sobre la propuesta de Grez y otros, existen serias aprensiones sobre el valor disruptivo que ella logre tener. Mal que mal, ella convoca a la ciudadanía a hacer algo que nuestra legalidad ha normalizado; esto es, la abstención. Junto a dicha normalización jurídica, se encuentra también la significación propia del lenguaje político nacional, que le atribuye a la abstención dos acepciones: ella es, ciertamente, sinónimo de descontento, pero también lo es de la apatía. Por esto la propuesta parece estar herida de muerte por el non sequitur. ¿Cómo se espera que el “no hacer nada” desemboque en una asamblea constituyente? ¿Qué “articular a los movimientos sociales” adicional se pretende lograr? ¿Cómo, cuando y por quiénes? ¿Qué organizaciones lo harán, y cómo se disputará la conducción de éstas? Todas estas dudas sugieren que existe una profunda desconexión entre la propuesta y las mismas bases movilizadas que se proponen articular, apelando a una especie de sujeto social químicamente puro que estaría en una latencia constituyente y que aparecerá sin necesidad de ser llamado.

 La campaña “Marca tu Voto”, por su parte, ha exhibido mayores niveles de organización y de capacidad de instalar su propuesta, en el corto plazo, en la agenda noticiosa. Ella también convoca a que se dé inicio a un proceso constituyente, pero esta vez, de manera activa; a través de un llamamiento generado a partir del efecto comunicacional del voto marcado. Esta iniciativa, desde luego, se enfrenta a importantes desafíos logísticos y prácticos, relacionados con la complejidad de contabilizar los votos signados y la posibilidad de que se objeten una mayor cantidad de votos que en otros procesos eleccionarios. El éxito de dicha campaña dependerá, por tanto, no sólo de su capacidad de atraer la atención de la ciudadanía sino también de cambiar patrones culturales y conductuales; de controlar y superar los miedos infundados ante eventuales fraudes electorales y situaciones de cohecho.

 Ahora bien, más allá de los desafíos involucrados en su implementación, la campaña “Marca AC” permite extender aún más la agitación por un nuevo texto fundamental; demanda que como se mencionó al principio, unida a los movimientos sociales y el mayor atrevimiento de algunas candidaturas, ha logrado una mayor ofensiva del eje discursivo no-conservador, con el consecuente repliegue de los sectores más reaccionarios. En ese sentido, el horizonte político de la campaña Marca AC no debe ser desestimado.

 En definitiva, hay consenso en torno a la necesidad de que una asamblea constituyente es el piso mínimo para que podamos tener una democracia legítima y a partir de ahí establecer las condiciones para que las diferentes estrategias de país puedan disputar su derecho a dirigir los destinos del país en un contexto democrático.