Carta escrita junto a Domingo Lovera, publicada en El Mercurio (10.04.2015).
Señor Director:
En su carta del jueves, el señor Otero confunde la posición oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto de la protección de los derechos humanos y los límites al ejercicio de la fuerza estatal.
En relación con esto, debe enfatizarse la lectura atenta -que no lleve a equívocos- sobre lo que el INDH dispone. En efecto, y a diferencia de lo que sugiere el señor Otero en su carta, el informe no juzga sobre la base de especulaciones o pareceres. Todo lo contrario; lo que dicho informe señala es que, considerando los antecedentes con que se cuenta, Carabineros echa mano a las detenciones (luego declaradas ilegales) como una práctica para controlar (y disuadir la asistencia a) las protestas. En un caso, se recordará, de 67 detenciones practicadas, todas estas fueron declaradas ilegales. Asimismo, y de conformidad a los datos disponibles, de los detenidos en protestas durante 2012, el 95% es liberado antes de llegar a tribunales por falta de méritos. Estas prácticas han sido cuestionadas por diversos entes nacionales e internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Unicef-Chile, Amnistía Internacional y los Informes Anuales sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Finalmente, en parte alguna de su informe, como sugiere el señor Otero, el INDH se pronuncia en el sentido de convalidar o alentar actos de vandalismo, destrucción o ataque a funcionarios de Carabineros. Basta, como prueba de lo anterior, leer la p. 75 de dicho informe: "Si un/a estudiante es sorprendido/a rompiendo un semáforo, tirando piedras o agrediendo a otra persona, la autoridad puede detenerle". Lo que sí hace, en cambio -y sobre esto no debemos dudar un segundo en apoyar al INDH-, es insistir en los límites que gobiernan el uso de la fuerza estatal, manifestada, en este caso, en el actuar policial.
Pablo Contreras
Universidad Alberto Hurtado
Domingo Lovera
Universidad Diego Portales
Señor Director:
En su carta del jueves, el señor Otero confunde la posición oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto de la protección de los derechos humanos y los límites al ejercicio de la fuerza estatal.
En relación con esto, debe enfatizarse la lectura atenta -que no lleve a equívocos- sobre lo que el INDH dispone. En efecto, y a diferencia de lo que sugiere el señor Otero en su carta, el informe no juzga sobre la base de especulaciones o pareceres. Todo lo contrario; lo que dicho informe señala es que, considerando los antecedentes con que se cuenta, Carabineros echa mano a las detenciones (luego declaradas ilegales) como una práctica para controlar (y disuadir la asistencia a) las protestas. En un caso, se recordará, de 67 detenciones practicadas, todas estas fueron declaradas ilegales. Asimismo, y de conformidad a los datos disponibles, de los detenidos en protestas durante 2012, el 95% es liberado antes de llegar a tribunales por falta de méritos. Estas prácticas han sido cuestionadas por diversos entes nacionales e internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Unicef-Chile, Amnistía Internacional y los Informes Anuales sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Finalmente, en parte alguna de su informe, como sugiere el señor Otero, el INDH se pronuncia en el sentido de convalidar o alentar actos de vandalismo, destrucción o ataque a funcionarios de Carabineros. Basta, como prueba de lo anterior, leer la p. 75 de dicho informe: "Si un/a estudiante es sorprendido/a rompiendo un semáforo, tirando piedras o agrediendo a otra persona, la autoridad puede detenerle". Lo que sí hace, en cambio -y sobre esto no debemos dudar un segundo en apoyar al INDH-, es insistir en los límites que gobiernan el uso de la fuerza estatal, manifestada, en este caso, en el actuar policial.
Pablo Contreras
Universidad Alberto Hurtado
Domingo Lovera
Universidad Diego Portales
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