La Tercera, 22 enero 2017
En octubre pasado, antes de un importante partido de la selección, se anunció el esperado proceso constituyente del Ejecutivo. En cadena nacional, la Presidenta de la República explicó las diversas etapas que compondrían el proceso y cómo las instituciones y la ciudadanía se integrarían al mismo.
Al poco andar, se asoman más dudas que certezas. Las dudas no son aquellas del discurso constante de ciertos sectores sobre la incertidumbre que produciría el cambio constitucional (para ellos, claro, el status quo es altamente conveniente para sus rentas económicas y políticas). Tampoco son preguntas normativas sobre el complejo proceso diseñado, tales como los quórums para reemplazar la constitución o el rol de control del Tribunal Constitucional respecto de los proyectos de reforma que el Ejecutivo enviaría.
Se trata de algo mucho más acotado: las dudas sobre la marcha y la operación del proceso mismo. El objetivo de esta columna es mostrar algunas preguntas que surgen con el mero transcurso del proceso. Van pasando los días y las certezas, en este campo, aun no aparecen.
Cualquier ciudadano que se quisiera informar, encontraría una primera traba en la falta de transparencia. Por ejemplo, ¿por qué hasta hoy no existe un sitio web del Consejo Ciudadano de Observadores? ¿Se publicó el decreto que lo crea? ¿Cuántas veces han sesionado? ¿Quiénes han asistido a las reuniones? ¿Qué temas han discutido? El objetivo del Consejo –su justificación misma– es garantizar la transparencia del proceso. ¿Ha estado el Consejo a la altura de su mandato?
Evidentemente, no toda falta es imputable al Consejo pero es difícil determinar a quién pedir cuentas al respecto. El flujo de la información está controlado desde el Ejecutivo. Uno de los miembros del Consejo Ciudadano de Observadores afirmó que la propuesta completa de metodología de participación ciudadana recién fue entregada la semana pasada (previamente, habían recibido sólo una minuta de seis páginas). ¿Eso significa que se retrasará el inicio de los cabildos, originalmente previstos para marzo? Al parecer, sí, pero no hay una vocería oficial al respecto.
Lo mismo pasa con las etapas y contenido del proceso mismo. Una de las fases del proceso constituyente supone una titánica tarea de formación cívica para encarar los debates y conversaciones que una nueva Constitución reclama. Más allá del “Constitucionario” –es decir, de un libro con escaza prosa, con no más de 37 conceptos y dos minutos y medio de videos explicativos– no es posible encontrar otras iniciativas de educación cívica propiciadas por el Ejecutivo. Hace más de 15 años se eliminó la asignatura de educación cívica en los colegios. No es de exagerar, entonces, que el déficit es de considerable magnitud.
Pero más importante aún: ¿Podrá la ciudadanía conocer la metodología de participación para hacer llegar sus comentarios al Consejo? ¿Qué temas discutiremos en dos meses más? ¿Valores, derechos, deberes e instituciones, como sugiere una nota de prensa, o también el procedimiento para adoptar una nueva Constitución? Si lo que se quiere es una participación activa de la ciudadanía en el proceso, entonces la información no puede bajar a cuenta gotas desde Palacio. De acuerdo al itinerario constituyente propuesto, el proceso no tiene vacaciones. Las discusiones de forma y contenido que se avecinan requieren despejar las inquietudes planteadas. De lo contrario, la falta de información y transparencia conspirarán contra el debido procedimiento democrático y participativo para adoptar una nueva Constitución.
En octubre pasado, antes de un importante partido de la selección, se anunció el esperado proceso constituyente del Ejecutivo. En cadena nacional, la Presidenta de la República explicó las diversas etapas que compondrían el proceso y cómo las instituciones y la ciudadanía se integrarían al mismo.
Al poco andar, se asoman más dudas que certezas. Las dudas no son aquellas del discurso constante de ciertos sectores sobre la incertidumbre que produciría el cambio constitucional (para ellos, claro, el status quo es altamente conveniente para sus rentas económicas y políticas). Tampoco son preguntas normativas sobre el complejo proceso diseñado, tales como los quórums para reemplazar la constitución o el rol de control del Tribunal Constitucional respecto de los proyectos de reforma que el Ejecutivo enviaría.
Se trata de algo mucho más acotado: las dudas sobre la marcha y la operación del proceso mismo. El objetivo de esta columna es mostrar algunas preguntas que surgen con el mero transcurso del proceso. Van pasando los días y las certezas, en este campo, aun no aparecen.
Cualquier ciudadano que se quisiera informar, encontraría una primera traba en la falta de transparencia. Por ejemplo, ¿por qué hasta hoy no existe un sitio web del Consejo Ciudadano de Observadores? ¿Se publicó el decreto que lo crea? ¿Cuántas veces han sesionado? ¿Quiénes han asistido a las reuniones? ¿Qué temas han discutido? El objetivo del Consejo –su justificación misma– es garantizar la transparencia del proceso. ¿Ha estado el Consejo a la altura de su mandato?
Evidentemente, no toda falta es imputable al Consejo pero es difícil determinar a quién pedir cuentas al respecto. El flujo de la información está controlado desde el Ejecutivo. Uno de los miembros del Consejo Ciudadano de Observadores afirmó que la propuesta completa de metodología de participación ciudadana recién fue entregada la semana pasada (previamente, habían recibido sólo una minuta de seis páginas). ¿Eso significa que se retrasará el inicio de los cabildos, originalmente previstos para marzo? Al parecer, sí, pero no hay una vocería oficial al respecto.
Lo mismo pasa con las etapas y contenido del proceso mismo. Una de las fases del proceso constituyente supone una titánica tarea de formación cívica para encarar los debates y conversaciones que una nueva Constitución reclama. Más allá del “Constitucionario” –es decir, de un libro con escaza prosa, con no más de 37 conceptos y dos minutos y medio de videos explicativos– no es posible encontrar otras iniciativas de educación cívica propiciadas por el Ejecutivo. Hace más de 15 años se eliminó la asignatura de educación cívica en los colegios. No es de exagerar, entonces, que el déficit es de considerable magnitud.
Pero más importante aún: ¿Podrá la ciudadanía conocer la metodología de participación para hacer llegar sus comentarios al Consejo? ¿Qué temas discutiremos en dos meses más? ¿Valores, derechos, deberes e instituciones, como sugiere una nota de prensa, o también el procedimiento para adoptar una nueva Constitución? Si lo que se quiere es una participación activa de la ciudadanía en el proceso, entonces la información no puede bajar a cuenta gotas desde Palacio. De acuerdo al itinerario constituyente propuesto, el proceso no tiene vacaciones. Las discusiones de forma y contenido que se avecinan requieren despejar las inquietudes planteadas. De lo contrario, la falta de información y transparencia conspirarán contra el debido procedimiento democrático y participativo para adoptar una nueva Constitución.
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