Pablo Contreras Vásquez - Apuntes de Derechos
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Nota en El Mercurio: Los cinco ejes clave en la discusión del reglamento

8/13/2021

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Podcast Hoja en Blanco. Capítulo especial: "El día después".

10/26/2020

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‘El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ no es una trampa

11/18/2019

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Fuente: Ciper
Carta publicada en Ciper (18.11.19)

Mediante esta declaración manifestamos nuestro apoyo al ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ alcanzado por los distintos sectores políticos el viernes pasado. Estamos conscientes de que fue el producto de un acuerdo en que todas las posiciones debieron ceder para alcanzarlo, pero creemos firmemente que constituye una oportunidad histórica para nuestro país:
  1. En Chile ninguna Constitución ha sido el producto de la voluntad del pueblo. La ciudadanía ha sido siempre excluida de la decisión sobre cómo conducir su propio destino. Tener la posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra república.
  2. Rompiendo con una barrera que hasta hace muy poco parecía infranqueable, el sistema político ha llegado a un acuerdo que nos permite liberarnos de la Constitución de 1980. Una constitución que no sólo fue impuesta por una cruenta dictadura sino que por décadas ha impedido a través de una serie de trampas que el sistema político responda efectivamente a las mayorías democráticas. Esto está en el centro de la crisis que afecta a nuestro país.
  3. Hoy, en una oportunidad frágil e inédita, que no podemos desperdiciar, tenemos el deber de abrir de par en par esa puerta que ha estado cerrada por décadas. Este acuerdo ha convocado al pueblo para que en un plebiscito abierto y democrático decida libremente si nos daremos una nueva Constitución. Además será el pueblo el que determine mediante plebiscito la manera en que será representado en la convención y a través de una elección democrática escogerá correspondientemente a sus representantes para el fin exclusivo de redactar la nueva Constitución. Tendremos en este proceso la oportunidad de deliberar y decidir sobre quienes nos representarán en esta asamblea. Estos elementos garantizan un proceso democrático para elaborar un nuevo texto constitucional.
  4. Las constituciones recogen acuerdos ampliamente compartidos. Por eso es razonable que ellos sean adoptados por mayorías reforzadas. La determinación en concreto de qué quórums deben ser alcanzados para adoptar una decisión no es un asunto fácil. Ciertamente, mientras más alto el quórum más difícil será alcanzar un acuerdo y más necesario será forjar compromisos entre partes que tienen concepciones políticas distintas. El quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular.
  5. Por lo demás, todo aquello sobre lo que no haya acuerdo, quedará fuera de la Constitución, entregado a la política democrática en la que gobiernan las mayorías democráticas que ahora podrán expresar la voluntad de la ciudadanía libre de los impedimentos que imponía la Constitución de 1980. Este será uno de los aspectos más valiosos de todo este proceso constitucional: la democracia chilena podrá liberarse por fin de las trampas y los amarres de la Constitución de 1980.
  6. Finalmente, el acuerdo contempla que a través de un plebiscito ratificatorio, podremos decidir si el texto redactado por el órgano constituyente refleja nuestros valores y aspiraciones. Esto obliga al órgano constituyente a desempeñar su función dando la cara a la ciudadanía.
  7. Sin duda nos encontramos frente a una oportunidad histórica. El llamado es a que libre y democráticamente decidamos en conjunto el país que queremos construir. Debemos permanecer vigilantes al modo en el que se definirán cuestiones como la integración y el funcionamiento del órgano que en definitiva redactará la nueva Constitución y, luego, participar activa y críticamente en el debate sobre su contenido. Pero no deberá perderse de vista que hoy tenemos una oportunidad que rara vez se presenta en la vida de una nación.


FIRMAN 244 PROFESORES Y PROFESORAS DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
  1. Daniela Accatino, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  2. Fernando Atria, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  3. Laura Mayer, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  4. Juan Pablo Luna, Profesor de Ciencia Política y Gobierno, P. Universidad Católica de Chile
  5. Guillermo Jiménez, Profesor de Derecho Público, Universidad Adolfo Ibáñez
  6. Ximena Gauche, Profesora de Derecho, Universidad de Concepción
  7. Jaime Bassa, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  8. Javier Couso, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  9. Raúl Carnevali, Profesor de Derecho, Universidad de Talca
  10. Rafael Blanco, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  11. John Charney, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  12. Pablo Marshall, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  13. Diego Gil, Profesor de Gobierno, P. Universidad Católica de Chile
  14. Samuel Tschorne, Profesor de Derecho Público, Universidad Adolfo Ibáñez
  15. Viviana Ponce de León, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  16. Verónica Undurraga, Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  17. Adrián Schopf, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  18. Alberto Coddou, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  19. Alberto Pino, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  20. Alejandra Cid, Profesora de Derecho, Universidad Católica de Temuco
  21. Alejandra Mera, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  22. Alejandra Zúñiga, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  23. Álvaro Fuentealba, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  24. Álvaro Magasich, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  25. Álvaro Vidal, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  26. Amaya Alves, Profesora de Derecho, Universidad de Concepción
  27. Ana María Morales, Profesora de Criminología, Universidad Alberto Hurtado
  28. Andrés Bordalí, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  29. Andrés Bustos, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  30. Beatriz Larrain, Profesora de Derecho, Universidad se Concepción
  31. Benjamín Gajardo, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  32. Carlos Correa, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  33. Carlos Dorn, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  34. Carlos Navia, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  35. Carsten Schulz, Profesor de Ciencias Política, P. Universidad Católica de Chile
  36. Catalina Lagos, Profesora de Derecho Público, Universidad Alberto Hurtado
  37. Caterina Guidi, Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  38. Catherine Ríos, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  39. Cecilia Valenzuela, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  40. César Ramos, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  41. Christian Rojas, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  42. Christian Viera, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Valparaíso
  43. Claudia Bahamondes, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  44. Claudia Moraga, Profesora de Derecho, Universidad de Tarapacá.
  45. Claudia Sarmiento, Profesora de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  46. Claudio Agüero, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  47. Claudio Fuentes, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  48. Constanza Salgado, Profesora de Derecho Público, Universidad Adolfo Ibáñez
  49. Consuelo Murillo, Profesora de Criminología, Universidad Austral de Chile
  50. Cristian Aedo, Profesor de Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción.
  51. Cristian Pérez, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  52. Cristián Riego, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  53. Cristóbal Osorio, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  54. Daniela Lastra, Profesora de Derecho, Universidad de Las Américas
  55. Daniela Marzi, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  56. Danko Jaccard, Profesor de Derecho, Universidad Católica de Temuco
  57. Darío Parra, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  58. David Altman, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  59. Diego Palomo, Profesor de Derecho, Universidad de Talca
  60. Diego Pardo, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  61. Diego Pardow, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  62. Domingo Lovera, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  63. Dominique Hervé, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  64. Donald Bello Hutt, Profesor, KU Leuven
  65. Edgardo Riveros, Profesor de Derecho, Universidad Central
  66. Eduardo Alcaino, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  67. Eduardo Bofill, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  68. Eduardo Caamaño, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  69. Emilio Oñate, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Central
  70. Enrique Díaz, Profesor de Derecho, Universidad Santo Tomás
  71. Enrique Rajevic, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  72. Enzo Solari, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  73. Esteban Pereira, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  74. Esteban Szmulewicz, Profesor de Derecho, Universidad Católica del Norte
  75. Estefania Esparza, Profesora de Derecho, Universidad de La Frontera
  76. Esther Valenzuela, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  77. Evelyn Vicencio, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  78. Federico Szczaranski, Profesor de Derecho, Universidad de Talca
  79. Felipe Fernández, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  80. Felipe Paredes, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  81. Fernanda Torres, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  82. Fernando Muñoz, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  83. Fernando Soto, Profesor de  Derecho, Universidad de Talca
  84. Flavia Carbonell, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  85. Flavio Quezada, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  86. Francisco Bustos, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  87. Francisco Saffie, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  88. Francisco Santibañez, Profesor de Derecho, Universidad de Concepción
  89. Francisco Soto, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  90. Gabriel González, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  91. Gabriel Negretto, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  92. Gabriel Osorio, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  93. Gladys Camacho, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  94. Gonzalo Severin, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  95. Guillermo Oliver, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  96. Gunther Besser, Profesor de Derecho, Universidad de Concepción
  97. Héctor Morales, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  98. Hugo Rojas, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  99. Hugo Tórtora, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de las Américas
  100. Ignacio Núñez, Profesor de Derecho, Universidad Central.
  101. Ignacio Peña, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  102. Inés Robles, Profesora de Derecho Universidad de Valparaíso
  103. Iñigo de la Maza, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  104. Irina Domurath, Postdoctoranda en Gobierno, P. Universidad Católica de Chile
  105. Isabel Severín, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  106. Jaime Couso, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  107. Jaime Vera, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  108. Jaime Winter, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  109. Javier Gallego, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  110. Javier Tapia, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  111. Javier Velásquez, Profesor de Derecho, Universidad Católica de Temuco
  112. Javier Wilenmann, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  113. Joanna Heskia, Profesora de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  114. Joaquín Morales, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  115. Jonatan Valenzuela, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  116. Jordi Delgado, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  117. Jorge Astudillo, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  118. Jorge Contesse, Profesor de Derecho, Rutgers University
  119. José Ángel Fernández, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  120. José Luis Guzmán, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  121. José Manuel Fernández, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  122. José Miguel Valdivia, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  123. José Pablo Gómez, Profesor de Derecho, Universidad Santo Tomás
  124. Juan Andrés Álvarez, Profesor de Derecho, Universidad de Concepción
  125. Juan Carlos Ferrada, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  126. Juan Pablo Aristegui, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  127. Juan Pablo Mañalich, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  128. Juan Pablo Severin, Profesor de Derecho, Universidad Católica del Norte
  129. Judith Schönsteiner, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  130. Julián López, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  131. Julieta Suarez-Cao, Profesora de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  132. Kamel Cazor, Profesor de Derecho, Universidad Católica del Norte
  133. Karina Saavedra, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  134. Katherine Becerra, Profesora de Derecho, Universidad Católica del Norte
  135. Leonardo Castillo, Profesor de Derecho, Universidad de La Frontera
  136. Leonardo Cofre, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  137. Leonardo Moreno, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  138. Leslie Sánchez, Profesora de Derecho, Universidad de Tarapacá.
  139. Leticia Morales, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  140. Libertad Triviño, Profesora de Derecho, Universidad de Santiago de Chile
  141. Liliana Galdámez, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  142. Lucía Rizik, Profesora de Derecho, Universidad Central
  143. Luis Cordero, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  144. Luis Emilio Rojas, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  145. Luis Varela, Profesor de Derecho, Universidad de Antofagasta
  146. Luis Villavicencio, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
  147. Macarena Vargas, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  148. Macarena Villalobos, Profesora de Derecho, Universidad de Las Américas
  149. Magdalena Bustos, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  150. Maite Arauco, Profesora de Derecho, Universidad Central
  151. Manuel Campos Díaz, Profesor de Derecho, Universidad de Concepción
  152. Manuel Núñez, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  153. Marcela Zúñiga, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  154. Marco Valeria, Profesor de Derecho, Universidad Santo Tomás
  155. Marcos Andrade, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  156. María Beatriz Arriagada, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  157. María Carolina García, Profesora de Derecho, Universidad Católica de Temuco
  158. María Elena Santibáñez, Profesora de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  159. María Elisa Morales, Profesora de Derecho, Universidad de la Frontera
  160. María Eugenia Montt, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  161. María Fernanda Vásquez, Profesora de Derecho, Universidad de Talca
  162. María Inés Horvitz, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  163. María Paz Gatica, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  164. Matías Guillof, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  165. Mauricio Decap, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  166. Mauricio Duce, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  167. Mauricio Reyes, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  168. Mauricio Tapia, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  169. Mauricio Torres, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  170. Maximiliano Escobar, Profesor de Derecho, Universidad de Concepción
  171. Maximiliano Sarmiento, Profesor de Derecho, Universidad de La Frontera
  172. Mayra Feddersen, Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  173. Miguel Cillero, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  174. Miguel Orellana, Profesor, Universidad de Chile
  175. Nathalie Walker, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  176. Nicolás Espejo, Profesor de Derecho, Universidad de Oxford
  177. Nicolás Oxman, Profesor de Derecho, Universidad Central
  178. Nicole Jenne, Profesora de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  179. Nicole Nehme, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  180. Nicole Selamé, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  181. Nicole Urzúa, Profesora de Derecho, Universidad Central
  182. Olga Espinoza, Profesora de Gobierno, Universidad de Chile
  183. Oscar Silva, Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  184. Osvaldo Lagos, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  185. Pablo Carvacho, Profesor de Criminología, P. Universidad Católica de Chile
  186. Pablo Contreras, Profesor de Derecho, Universidad Autónoma de Chile
  187. Pablo Ulloa, Profesor de Derecho, Universidad Central
  188. Pamela Mendoza, Profesora de Derecho, Universidad de la Frontera
  189. Paola Tapia, Profesora de Derecho Administrativo, Universidad Central
  190. Patricia Reyes, Profesora de Derecho, Universidad de Valparaíso
  191. Patricia Toledo, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  192. Patricio Jiménez, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  193. Paula Ahumada, Profesora de Derecho, U. Central y U. de Chile
  194. Paula Correa, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  195. Paula Cortés, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  196. Paula Vial, Profesora de Derecho, P. Universidad Católica de Chile
  197. Paulina Astroza, Profesora de Derecho, Universidad de Concepción
  198. Paulina Manosalva, Profesora de Derecho, Universidad de la Frontera
  199. Pietro Sferrazza, Profesor de Derecho, Universidad Andrés Bello
  200. Rafael Pastor, Profesor de Derecho, Universidad Central
  201. Raúl Letelier, Profesor de Derecho, Universidad de Chile
  202. Renée Rivero, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  203. Renzo Gandolfi, Profesor de Derecho, Universidad Central.
  204. Ricardo Concha, Profesor Derecho, Universidad de Concepción.
  205. Ricardo Lillo, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  206. Ricardo Torres, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  207. Roberto Cárcamo, Profesor de Derecho, Universidad Mayor
  208. Roberto Neira, Profesor de Derecho, Universidad Católica de Temuco
  209. Roberto Sagredo, Profesor de Derecho, Universidad de O’Higgins
  210. Rocío Lorca, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  211. Rocío Sánchez, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  212. Rodrigo Bustos, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  213. Rodrigo Coloma, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  214. Rodrigo Correa, Profesor de Derecho Público, Universidad Adolfo Ibáñez
  215. Rodrigo Mardones, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  216. Rodrigo Momberg Profesor de Derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
  217. Rodrigo Palomo, Profesor de Derecho, Universidad de Talca
  218. Rodrigo Pica, Profesor de Derecho Público, Universidad de Chile
  219. Rommy Álvarez, Profesora de Derecho Civil, Universidad Andrés Bello
  220. Sara Moreno, Profesora de Derecho, Universidad Finis Terrae
  221. Sebastián Ríos, Profesor de Derecho, Universidad Austral de Chile
  222. Sergio Fuenzalida, Profesor de Derecho, Universidad Central
  223. Sergio Gamonal, Profesor de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  224. Soledad Morales, Profesora de Derecho, Universidad de La Frontera
  225. Stefano Palestini, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  226. Susan Turner, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  227. Susana Espada, Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  228. Susana Gatica Simpson, Profesora de Derecho, Universidad de las Américas
  229. Tammy Pustilnick, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  230. Tania Busch, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  231. Tomas Blake, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  232. Tomás Chuaqui, Profesor de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  233. Tomás Jordán, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  234. Tomas Pascual, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  235. Tomás Vial, Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales
  236. Valentina Durán, Profesora de Derecho, Universidad de Chile
  237. Valeska Fuentealba, Profesora de Derecho, Universidad Andrés Bello
  238. Valeria Palanza, Profesora de Ciencia Política, P. Universidad Católica de Chile
  239. Verónica Delgado, Profesora Derecho, Universidad de Concepción
  240. Veronika Wegner, Profesora de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
  241. William García, Profesor de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
  242. Ximena Osorio, Profesora de Derecho, Universidad Diego Portales
  243. Yanira Zúñiga, Profesora de Derecho, Universidad Austral de Chile
  244. Yenny Pinto, Profesora de Derecho, U. Católica de la Santísima Concepción


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Sobre el plebiscito: Que el pueblo decida

10/30/2019

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Carta publicada en El Mercurio 30.10.19

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Chile necesita una Constitución originada en Democracia: Propuesta de profesores universitarios para #PlebiscitoAhora

4/17/2015

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Chile necesita una Constitución originada en democracia

Propuesta de reforma constitucional que incorpora el plebiscito para dirimir la cuestión constitucional

Los abajo firmantes creemos que es fundamental contar con un texto constitucional que surja de un debate democrático, en el cual la ciudadanía cumpla una función principal en la formulación de las instituciones de nuestra convivencia democrática. Una Constitución debe ser el reflejo de la diversidad constitutiva de una sociedad democrática, y no la manifestación de un proyecto político particular. Por eso, creemos que en la situación actual es necesario una nueva Constitución, no una reforma más que se sume a las tantas que ha habido desde 1989. Es necesaria una Constitución que todos podamos entender como “nuestra”.

La actual institucionalidad no permite una decisión constitucional de quien ella misma declara titular “esencial” de la soberanía, la nación o el pueblo.

Estamos convencidos que la nueva Constitución debe satisfacer dos condiciones: debe ser una nueva decisión del pueblo, y debe ser institucionalmente validada. Si el momento de validación institucional se entiende como una nueva ley de reforma constitucional, una reforma en que los poderes colegisladores pretendan identificar, sujetos a los procedimientos y condiciones de las reglas vigentes de reforma, las características de una nueva Constitución, entonces lo que de ello resulte, aunque pueda ser en algún sentido un avance, no será una nueva Constitución.

Eso implica que el momento de validación institucional no puede ser entendido como una nueva decisión que fije el contenido de la Constitución, sino como una decisión que, en vez de decidir sobre dicho contenido, abra la posibilidad para una amplia discusión nacional seguida de una decisión democrática.

Por eso creemos que la solución es una decisión institucional, en la forma de una ley de reforma constitucional, que permita la realización de un plebiscito. El propio artículo 5º del texto constitucional vigente reconoce que los plebiscitos son modos de ejercicio privilegiado de la soberanía por parte del pueblo, aunque en su articulado los circunscribe a hipótesis políticamente ficticias.

Estamos conscientes que los plebiscitos en general, si pueden ser convocados a voluntad por el Presidente de la República, podrían ser utilizados en desmedro de la función representativa del Congreso para solucionar cualquier desacuerdo entre ambos. Una autorización amplia al Presidente para convocar a voluntad a plebiscito tendría, por eso, el efecto de concentrar aún más el poder en el Presidente en perjuicio del Congreso. Por eso creemos que la Constitución debe arbitrar mecanismos para evitar este mal uso de esta herramienta democrática. Pero si la finalidad legítima de la regulación constitucional de los plebiscitos es proteger al Congreso, no hay razón alguna para impedirlos cuando el Presidente cuente con el apoyo del Congreso para eso. Por consiguiente, cuando el Presidente cuenta con dicho respaldo, debe estar en condiciones de convocarlos en cualquier momento tratándose de materias de alto interés nacional.

Las mismas consideraciones muestran que no hay justificación alguna para negar al legislador la posibilidad de crear nuevas oportunidades para la manifestación del pueblo.

Por eso, sugerimos modificar el inciso final del artículo 15 agregando antes de su punto final la expresión “y las leyes”, junto con una modificación al artículo 32, que regula las atribuciones exclusivas del Presidente de la República.

Proyecto de ley

Artículo único. Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1. Modifícase el inciso final del artículo 15, insertando la frase "y las leyes" antes de su punto final.

2. Reemplázase el artículo 32 Nº 4 por el siguiente: "Convocar a plebiscito en los casos en que corresponda conforme a la Constitución y a las leyes. El Presidente podrá convocar en todo caso a plebiscito si cuenta para ello con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso Nacional". 

Suscriben:

1.      Fernando Atria, U. de Chile/U. Adolfo Ibáñez
2.      Jaime Bassa, U. de Valparaíso
3.      Jorge Contesse, Rutgers University
4.      Fernando Muñoz, U. Austral de Chile
5.      Luis Villavicencio, U. de Valparaíso
6.      Domingo Lovera, U. Diego Portales
7.      Salvador Millaleo, U. de Chile
8.      Matías Silva, U. de Las Américas
9.      Pablo Contreras, U. Alberto Hurtado
10.   Pablo Marshall, U. Austral de Chile
11.   Raúl Letelier, U. Alberto Hurtado
12.   Christian Viera, U. de Valparaíso
13.   Daniela Accatino, U. Austral de Chile
14.   Felipe Paredes, U. Austral de Chile
15.   Alejandra Zúñiga, U. de Valparaíso
16.   John Charney, P. U. Católica de Valparaíso
17.   Yanira Zúñiga, U. Austral de Chile
18.   Flavio Quezada, U. de Valparaíso
19.   Constanza Salgado, U. Adolfo Ibáñez
20.   Matías Guiloff, U. Diego Portales
21.   José Luis Ugarte, U. Diego Portales
22.   Alberto Coddou, U. Diego Portales
23.   Amaya Álvez, U. de Concepción
24.   Eduardo Chia, Centro de Estudios Instituto Igualdad
25.   Flavia Carbonell, U. Alberto Hurtado

CNN: Abogados solicitan convocar a una Asamblea Constituyente (6.4.2015)
Descarga la propuesta de los profesores de Derecho.
2015-ac_propuesta_de_reforma_const_plebiscito.pdf
File Size: 60 kb
File Type: pdf
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Lee los reportes de prensa:

Bancada AC recibe propuesta de plebiscito para creación de una nueva Constitución (EMOL)

La denominada “Bancada AC” recibió propuesta de abogados constitucionalistas (El Mostrador)

Abogados constitucionalistas entregan propuesta de plebiscito a “Bancada AC” (Radio UChile)

Bancada por la AC define plazos para agilizar proyecto que permita plebiscito
J. Contesse: Vía Institucional para una Nueva Constitución (02.04.2015)
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Entrevista en Hora 20, La Red (10.04.2015)
La Tercera: Bancada AC ingresará proyecto que llama a plebiscito para cambiar Constitución (17.04.2015)


Una de las sugerencias del proyecto es introducir modificaciones al artículo 15 de la Constitución, del capítulo “Nacionalidad y Ciudadanía”. Actualmente, uno de los párrafos del artículo 15 señala: “Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución”. La moción de la Bancada AC, en tanto, propone: “Modifícase el inciso final del artículo 15, insertando la frase ‘y las leyes’ antes de su punto final”. 

Asimismo, otra propuesta del texto agrega: “Reemplácese el artículo 32 N 4 por el siguiente: ‘convocar a plebiscito en los casos que correspondan conforme a la Constitución y las leyes. El Presidente podrá convocar a en todo caso a plebiscito si cuenta para ello con el acuerdo de ambas cámaras del Congreso Nacional”.

Burgos se jacta de detener proyecto de modificación constitucional vía plebiscito ciudadano apoyado por 60 diputados (El Mostrador 01.08.16)
Sostuvo que uno de sus mayores logros fue ayudar "a ordenar el debate constitucional". De acuerdo al ex ministro, cuando él llegó a la cartera del Interior, "la discusión por una nueva Constitución discurría por un derrotero muy riesgoso. Más de 60 parlamentarios de la Nueva Mayoría habían firmado un proyecto de Reforma Constitucional que pretendía convocar un plebiscito sin modificar la Constitución para llegar a una Asamblea Constituyente".
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Tribunal Constitucional y Plebiscito

10/8/2013

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Se ha producido cierto debate académico sobre las competencias y potestades del Tribunal Constitucional para conocer de un eventual decreto supremo del Presidente de la República que convoque a plebiscito sobre la posibilidad de una nueva Constitución o una asamblea constituyente. Esta es una idea que, hasta el momento ha sido insinuada por Fernando Atria y que, seguramente, será desarrollada en su próximo libro, "La Constitución Tramposa".
La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, dio una entrevista a El Mercurio el domingo 29 de septiembre pasado, comentando su posición jurídica frente a este tema.
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Un grupo de profesores reaccionamos frente a estas declaraciones y publicamos la siguiente carta al director.

TC Y PLEBISCITO (EL MERCURIO, 02.10.2013)

Señor Director:

El domingo 29, en el cuerpo de Reportajes, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sostiene que "lo que tiene que hacer el TC es aplicar la Constitución, no lo que quisiera, sino la que existe, la que se han dado los órganos democráticamente elegidos para estos efectos. El drama que tienen todos los tribunales constitucionales del mundo es vencer o no la tentación de torcerle la nariz a la Constitución para hacer decir a la Constitución lo que la Constitución realmente no ha dicho".

Con todo, si bien no se muestra partidaria de aquellos que dejan que les gane el impulso irrefrenable de ir más allá del texto constitucional, sorprende al defender una curiosa interpretación del artículo 93 N° 5 que dispone que es atribución del TC "resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito (...) En el caso del número 5º, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria".

En opinión de la presidenta Peña, "hay distintas lecturas y miradas". Esa sola afirmación equivale a sugerir la posibilidad de prescindir de la parte final del texto constitucional, el que establece específicamente cuáles son las condiciones habilitantes para que el TC pueda resolver la constitucionalidad de dicho llamado a plebiscito. Es decir, parece estar pavimentando el camino para que el TC se arrogue una competencia que la Constitución no le otorga, revisando ese eventual decreto de oficio. Si eso no es "torcerle la nariz al texto constitucional", entonces nada lo es.

Alejandra Zúñiga Fajuri;
Luis Villavicencio;
Domingo Lovera;
Jaime Bassa;
Constanza Salgado;
Christian Viera;
William García;
Pablo Contreras;
Jorge Contesse;
Claudia Sarmiento;
Eduardo Chia


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El profesor Arturo Fermandois (PUC) nos dirigió la siguiente respuesta. Algunas de sus ideas pueden ser revisadas en este programa de televisión.

T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO (06.10.2013)

Señor Director:

Esta semana se produjo una discusión en un tema sensible: ¿Puede el Tribunal Constitucional revisar un decreto que convoque a una asamblea constituyente? ¿Quién puede pedir tal revisión? Sabemos que el Presidente de la República no puede llamar a plebiscito cuando le plazca, sino en los casos taxativos previstos en la Constitución, dentro de los cuales no está directamente llamar a tal asamblea.

Frente a esta pregunta, la presidenta del Tribunal Constitucional explicó a “El Mercurio”, en la edición del domingo 29 de septiembre (Pág. D6), que hay distintas “lecturas y miradas”. Un grupo de profesores replicó, en carta posterior, que ese comentario “parece estar pavimentando el camino para que el TC se arrogue una competencia que la Constitución no le otorga, revisando ese eventual decreto de oficio”. No nos parece prolija esta conclusión. Nadie ha planteado que el TC conozca de oficio. Tenemos otra lectura del asunto: la Constitución permite a la minoría de las cámaras acudir al TC en un caso como este. Los académicos indicados estiman —por el contrario— que el TC solo puede conocer el tema a petición de la mayoría de cualquiera de las cámaras, de forma tal que un Presidente con mayoría en el Congreso queda exento de todo control en sus decretos plebiscitarios. Es una mirada parcial, de la que discrepamos.

El artículo 93 N° 16 de la Constitución contiene una figura genérica o “bolsón”: faculta a la cuarta parte del Senado o de la Cámara para reclamar la inconstitucionalidad de cualquier decreto supremo que exceda los márgenes de la potestad reglamentaria autónoma. Es decir, es perfectamente el caso de un eventual decreto inconstitucional que llama a un plebiscito no admitido en la Carta Fundamental. En un precedente análogo, aunque no idéntico, el TC resolvió en favor de esta tesis (rol 325, año 2001), subrayando que es un principio básico de la democracia que la minoría pueda acudir al Tribunal, cualquiera sea el vicio invocado. Todo esto parece un tema técnico, pero envuelve la siguiente pregunta: ¿Existen en Chile zonas inexpugnables de control jurisdiccional? ¿Basta alcanzar una mayoría parlamentaria para saltarse las reglas y los tribunales que las custodian?

Arturo Fermandois
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad Católica 

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El día de hoy aparece nuestra respuesta, junto a otra carta sobre el tema:

T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO (08.10.2013)

Señor Director:

Arturo Fermandois sostiene que el Tribunal Constitucional tendría competencia para resolver la constitucionalidad de decretos supremos que convocan a plebiscito, a requerimiento de una minoría de parlamentarios, fundado en el artículo 93, N.o 16 de la Constitución. 

En Derecho Público no todo es opinable y las competencias del Tribunal deben ser interpretadas restrictivamente. El profesor Fermandois no se hace cargo de la especialidad de la regla de control en materia de plebiscitos, la que exige que el requerimiento sea formulado por la mayoría del Senado o de la Cámara de Diputados (artículo 93 N.o 5).

Por otro lado, aun si se quisiese obviar esta norma y proceder a aplicar el artículo 93, N.o 16 como “bolsón”, un decreto supremo que convoque a plebiscito sería ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República. En dicho caso, para que sea controlable por el Tribunal, el requerimiento debe ser formulado por la mayoría de cualquiera de las cámaras.

En ninguna de las hipótesis se habilita a que la minoría parlamentaria promueva un requerimiento sobre este punto. Las reglas de competencia del Tribunal Constitucional no pueden ser ampliadas analógicamente a fin de acomodarse a las opiniones de cada sector, a menos que se violen los mismos principios del Estado de Derecho que el profesor pretende proteger.

Luis Villavicencio; 
Domingo Lovera; 
Alejandra Zúñiga Fajuri; 
Jaime Bassa; 
Constanza Salgado; 
Christian Viera; 
William García; 
Pablo Contreras; 
Claudia Sarmiento; 
Eduardo Chia



T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO II (EL MERCURIO, 08.10.2013)


Señor Director:

Se ha estado polemizando en esta sección respecto de si el Tribunal Constitucional puede o no revisar un decreto supremo que convoque a un plebiscito para establecer una asamblea constituyente, ya sea que lo haga por oficio o a solicitud de la mayoría o de la minoría de una de las cámaras del Parlamento. La discusión, si bien es interesante, es un poco inoficiosa.

En efecto, no existe ninguna posibilidad de que el Servicio Electoral organice un plebiscito convocado por decreto supremo. Este es un organismo autónomo del gobierno, cuyo objeto de acuerdo con su ley orgánica es “cumplir con las funciones que le señale la ley”. (Art. 57 Ley N° 18.556). Solo las leyes establecen y convocan a elecciones y plebiscitos, y solo respecto de aquellos que están contemplados en la Constitución de acuerdo con su artículo 15.

Los plebiscitos al margen de la ley y de la Constitución no tendrán ningún valor y mucho menos si no los organiza el Servicio Electoral. Solo son una mala idea que no va a funcionar.

Andrés Tagle Domínguez



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El jueves 10 de octubre, se publica una nueva carta de Fermandois.


T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO (EL MERCURIO, 10.10.2013)


Señor Director:

Un grupo de profesores insiste en carta del martes sobre la idea de que un decreto presidencial llamando a un plebiscito inconstitucional debe quedar sin control por el Tribunal Constitucional. Bastaría para consolidar este privilegio —en opinión de ellos— con que el Presidente obtenga mayoría simple en ambas cámaras, de forma tal que nadie pueda recurrir al TC. Así, el decreto se salvaría de ser fiscalizado.

No es muy persuasivo el argumento de los profesores, quienes que no ven problema alguno en promover que el Jefe de Estado se salte las reglas convocando a un plebiscito inconstitucional —estamos bajo ese supuesto— y al mismo tiempo exigir al resto de los órganos el más estricto apego a esas mismas reglas. Así, demandan al TC que interprete restrictivamente sus facultades y ampare un procedimiento que no prestigia al sano debate sobre la asamblea constituyente y los medios que se usarían para llegar a ella.

Creemos que el TC sí podría revisar ese decreto, pero los académicos se incomodan con la interpretación del artículo 93 Nº16 de la Constitución que lo permite. Sabemos que una de las dos hipótesis de esta norma faculta directamente al TC para controlar un decreto inconstitucional si lo pide una cuarta parte de las cámaras (inciso 19).

Retrucan mis contradictores que el principio de especialidad lo impide, sin advertir que el precepto que aludí permite al TC revisar la constitucionalidad de decretos supremos “cualquiera sea el vicio invocado”. Parece una competencia suficientemente expresa como para desecharla en nombre de la “especialidad” del numeral 5° (plebiscitos). Establecido que existe la atribución, la duda consiste entonces en quién puede recurrir al TC. Aquí tampoco advierten los profesores que lo que propuse no es idea mía, sino proviene del mismo TC al zanjar una situación análoga hace 12 años. El caso no era plebiscitario, pero se optó por facultades amplias del TC para controlar decretos inconstitucionales ante la dificultad de clasificación entre potestad reglamentaria autónoma y de ejecución. Así, en 2001, frente a la pretensión de excluir al TC de controlar decretos supremos por petición de la minoría, el Tribunal aceptó el requerimiento de la cuarta parte del Senado. Dijo: “…la interpretación contraria cercena de manera importante las atribuciones de esta Magistratura para velar por la supremacía constitucional de los actos de la Administración y altera el sistema de pesos y contrapesos de poderes en que se funda nuestra democracia, ya que priva a las minorías parlamentarias de ejercer un importante derecho para hacer efectivo el control de constitucionalidad sobre los decretos de ejecución de las leyes”.

Como se ve, tenemos distintas miradas en este asunto, algo que los profesores parecen no aceptar. Para ellos, el tema estaría en un curioso lugar inaccesible al debate jurídico (“no todo es opinable”, dicen), en el que no cabría ninguna otra interpretación salvo la que ellos promueven.

Arturo Fermandois



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T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO (EL MERCURIO 12.10.2013)


Señor Director: 

El profesor Arturo Fermandois afirma, en relación con la discusión sobre el rol que le cabría al Tribunal Constitucional (TC) ante una eventual convocatoria mediante Decreto Supremo a plebiscito sobre asamblea constituyente, que bastaría con un requerimiento de la minoría parlamentaria para activar la jurisdicción de dicho órgano. Concluye su intervención con las siguientes preguntas: ¿existen zonas exentas de control jurisdiccional? ¿Puede la mayoría parlamentaria saltarse las reglas constitucionales y los tribunales que las custodian?

Las preguntas que plantea el profesor Fermandois son, desde luego, muy importantes. Lo que el profesor Fermandois no advierte es que ellas lo son en un contexto distinto del que está en discusión. Ellas gobiernan la actuación de los poderes constituidos durante la normalidad constitucional. Ellas, sin embargo, no nos dicen nada sobre el rol de este órgano jurisdiccional ante una eventual decisión del poder constituyente de poner fin a la norma constitucional vigente y dictar otra en su reemplazo. En tal escenario, que el TC pretendiera resolver a través de su jurisdicción contenciosa un asunto de tal magnitud representaría un esfuerzo por “situarse por sobre el Poder Constituyente originario”, una posibilidad que el propio órgano calificó como “grave” en su sentencia rol Nº 46 de 1987.

Solo olvidando la distinción entre poder constituido y poder constituyente, pilar de la teoría constitucional, podríamos asignarle al TC la función de resolver jurisdiccionalmente una “cuestión política” tan importante como la decisión sobre qué Constitución nos rige. El profesor Fermandois la olvida, precisamente, al citar como argumento relevante lo resuelto por el TC en una sentencia sobre restricción vehicular. Frente a materias como la citada por el profesor Fermandois, el TC debe controlar la obediencia del Ejecutivo y de la mayoría y minoría parlamentarias a las reglas dictadas por el poder constituyente, contenidas en la Constitución. Frente a la decisión constituyente misma, los poderes constituidos (TC, Ejecutivo, mayoría y minoría parlamentarias) deben callar. Esta decisión —de la cual un Decreto Supremo convocando a plebiscito sería un acto preparatorio— corresponde solo al pueblo, depositario de la soberanía, expresándose plebiscitariamente.

Fernando Muñoz León
Profesor de Derecho Constitucional 
Universidad Austral de Chile 




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T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO I (EL MERCURIO, 13.10.2013)


Señor Director:
Por fin se sincera el debate sobre si el Tribunal Constitucional (TC) puede o no controlar un plebiscito inconstitucional. El profesor Fernando Muñoz lo aclara en su carta de ayer. Ya no se trata de determinar si nuestras reglas tienen una laguna por la cual se puede “colar” un plebiscito inconstitucional. Queda aceptado que no es así. Pero el profesor lleva el debate ahora a otro plano: las reglas e instituciones solo rigen “durante la normalidad constitucional”, y aquí estaríamos en una excepción. Se aproximaría la actuación del poder constituyente originario, suprema explosión de soberanía que no reconocería reglas; nada lo controlaría ni detendría. Frente a la actuación del poder constituyente, según Muñoz, el TC y el Ejecutivo “deben callar”.

En teoría, efectivamente el poder constituyente originario tiene permiso para poner fin a los órganos constituidos y sustituir una Carta vigente (Locke, Sieyes). Recordando esto, el profesor Muñoz cita una sentencia del TC que declaró inconstitucional un movimiento de izquierda, en tiempos anteriores a la democracia (MDP, 1987). Por lo mismo, se trata de un precedente poco prestigiado en ese sector político. 

Todo esto demuestra que la tesis de Fernando Muñoz, bella en teoría, envuelve un inmenso problema práctico en una sociedad civilizada: ¿Quiénes y cuándo deciden que se ha llegado a una situación tan extraordinaria que es momento de desobedecer toda regla jurídica vigente? ¿Qué hacemos con todos los que estiman lo contrario? Comprenderá el profesor Muñoz que si cada Jefe de Estado que llegue a La Moneda invocase el poder constituyente originario y exigiese a los controladores que lo incomodan “callar”, el país tardaría poco en hacerse ingobernable.

Es por eso que la Constitución prevé la actuación del poder constituyente mediante reformas constitucionales —acotadas o amplias—, consensuadas por los representantes del pueblo, en un procedimiento sujeto a control del TC. Este es el camino más lógico en un país cuyas instituciones funcionan normalmente. Ahora, si discrepamos en esto último, se trata entonces de una apreciación política a la que atribuiremos efectos constitucionales, y ya no de un debate estrictamente constitucional.

Arturo Fermandois




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T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO II (EL MERCURIO, 13.10.2013)


Señor Director:
La discusión entre destacados académicos y académicas sobre si un cuarto o la mitad de los parlamentarios pueden requerir el control de constitucionalidad de un decreto presidencial que convoque a plebiscito me parece reflejar una dejación de lo político y el abrazo de la tecnocracia constitucional como eje central de un proceso constituyente, en consideración a que una nueva Constitución solo puede ser hija de la confluencia deliberativa entre sociedad civil y sistema político en un acuerdo político-jurídico básico y compartido.

Tomás Jordán
Abogado y profesor de Derecho Constitucional
Universidad Diego Portales




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T. CONSTITUCIONAL Y PLEBISCITO (EL MERCURIO, 15.10.2013)


Señor Director:

El profesor Fermandois sigue empecinado en afirmar que la Constitución admite que una minoría de los diputados o senadores impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) un eventual decreto supremo plebiscitario (ocultando que él defiende una opción política en este debate constitucional).

Ni el artículo 93 N° 5 ni el 93 N°16 admiten dicha posibilidad. Por el contrario, ambas normas exigen que sea la mayoría de la Cámara o el Senado la que requiera ante dicho tribunal. El sentido de que el artículo 93 N° 5 exija la mayoría para requerir se debe a que solo en ese instante es que se produce un conflicto de competencias entre el Presidente de la República y el Congreso que el TC está llamado a resolver. Si la mayoría del Congreso está de acuerdo con el decreto del Presidente, no hay conflicto que deba ser resuelto.

Como el profesor Fermandois entiende esto, busca escudarse en el artículo 93 N° 16, que él incorrectamente llama bolsón. Lo más curioso es que desde la reforma constitucional del año 2005 dicha norma no respalda su tesis: el artículo 93 N° 16 también exige una mayoría para requerir. Sorprendentemente, Fermandois busca respaldo a su argumento en un fallo del TC anterior a la reforma de 2005 (Rol 325). Lamentablemente, lo señalado en dicha sentencia tampoco favorece su argumento, ya que el TC explícitamente señala que es inadmisible que “una cuarta parte de los parlamentarios de una rama del Congreso, entorpecieran injustificadamente el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma por la vía de cuestionar su constitucionalidad mediante permanentes requerimientos al Tribunal Constitucional”.

El profesor Fermandois ha buscado por todos los medios interpretar la Constitución con el objeto de forzar una interpretación que le permita impugnar un decreto supremo que llame a plebiscito. Sus voluntariosas interpretaciones nos hacen identificar su objetivo político (por lo demás, Fermandois es asesor de la candidata Matthei): otorgar respaldo académico a un futuro veto de la Alianza frente a un eventual decreto supremo plebiscitario. 

Alejandra Zúñiga
Constanza Salgado
Luis Villavicencio
Jaime Bassa
Pablo Contreras
Raúl Letelier
Domingo Lovera
Profesores de Derecho Constitucional


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Tribunal Constitucional y Plebiscito (17.10.2013)


Señor Director:

Con creciente agresividad y calificando intenciones por doquier, el grupo de siete profesores que polemiza conmigo hace dos semanas vuelve a la carga. Su tesis: el Tribunal Constitucional no puede revisar un decreto plebiscitario inconstitucional, a menos que lo pidan los parlamentarios de la mayoría. Es decir, para fiscalizar ese decreto, el TC necesitaría el permiso de los parlamentarios normalmente aliados del mismo presidente que lo dicta.

Al cabo de tres cartas, los profesores no ofrecen nuevos antecedentes que refuten lo siguiente: a) que el artículo 93 N° 16 de la Constitución autoriza —en una de sus dos hipótesis— a una minoría de las cámaras para pedir el control de un decreto inconstitucional; y b) que el TC ya interpretó en 2001 que a esa minoría debe reconocérsele una amplia facultad para recurrir al Tribunal.

Es irrelevante para este debate la referencia que hacen mis contradictores a la reforma constitucional de 2005: bien saben ellos que el antiguo art. 82, números 5 y 12, fue replicado en su misma lógica y casi en su mismo texto en el nuevo art. 93 N° 16. Tampoco es útil recordarnos la fecha de la sentencia del TC que perjudica su tesis (cuya fecha yo les había provisto). El estar datada en 2001 no altera el fondo de lo ahí discutido y finalmente resuelto en favor de la minoría parlamentaria como habilitada para pedir el control del TC. Mejor aún, la reforma de 2005 precisó con todas sus letras el que la cuarta parte de las cámaras puede efectivamente recurrir al TC en una de las dos hipótesis previstas (antes se discutía). Los profesores no aceptan que la legitimación activa del TC tiene dos lógicas complementarias: la del conflicto Presidente-Congreso, en que es necesaria la mayoría de las cámaras para acudir al TC; y la lógica del acceso permanente de la minoría al mismo control. Este último principio proviene de la Carta de 1925 (art.78, B a). Afortunadamente, ambas lógicas y no solo la primera se ven reflejadas ahora en el art. 93 N° 16 del actual texto. Basta leerlo.

Felicito la pasión que colocan los jóvenes académicos en sus cartas. Pero ni juventud ni pasión autorizan para distraer el debate con descalificaciones. Confío, entonces, que en su próxima carta los profesores sumarán más argumentos que adjetivos. Y el que yo sea asesor constitucional de Evelyn Matthei no es razón para zafarse de una argumentación. Recíprocamente, tampoco me parecería razón para descalificar a los profesores el que sean promotores de una asamblea constituyente, simpatizantes de la campaña “Marca tu Voto”, o que otro firmante, incluso, haya sido mi alumno. Nada de esto presupone una argumentación jurídicamente errada. En el plano de los legítimos incentivos, empero, ambas partes los tenemos opuestos: ellos en que nadie controle su plebiscito, y nosotros, en que ningún acto de autoridad quede sin control en un Estado de Derecho.

Arturo Fermandois

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