Columna de opinión publicada en Ciper (07.09.2012)
El reportaje exhibido por Canal 13 es elocuente: el Ejército de todos los chilenos discrimina a las personas por su origen socioeconómico, a homosexuales y a testigos de Jehová. Esas son las categorías que aparecen expresamente un instructivo dictado por el Comandante en Jefe de la I División del Ejército, General de Brigada Cristián Chateau, con el objeto de seleccionar y reclutar el contingente militar.
El documento no es una reliquia normativa: fue dictado el 20 de febrero de este año. Esas instrucciones buscan separar a los chilenos entre aquellos que son “idóneos moral e intelectualmente”, de quienes no lo son. Entre los últimos se encuentran los que no tienen riqueza, los que no son heterosexuales y los que no suscriben a las prácticas religiosas mayoritarias en Chile. La orden sería para “orientar” a los comités de selección y deben ser entendidas como “disposiciones de seguridad”. La pregunta que surge es: ¿seguridad frente a quién? ¿Frente a los pobres, los gays y quienes predican las enseñanzas de su dios? ¿El Ejército –o acaso Chile– debe protegerse frente a ellos?
El General Chateau pretende tranquilizar a la población señalando que se busca permitir a estas personas para que se autoexcluyan de la obligación del servicio militar. “Exclusión”, según el General, es sinónimo de “eximir” del servicio. Pero, ¿por qué? De acuerdo al instructivo, los pobres, gays y testigos de Jehová no serían “idóneos moral e intelectualmente”. Luego nos dice que se trataría de una redacción “errada” y el General nos trata de calmar afirmando que las disposiciones estarían “tácitamente derogados” por la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
Todas estas razones son francamente inaceptables y mancillan a una institución que tiene la obligación de respetar y promover los valores de la República. Lo dice la Constitución –dictada bajo la dictadura militar– donde no sólo se consagran los valores de dignidad e igualdad (artículos 1º y 19 No. 2), sino también se establece el deber de defender a la Patria (artículo 22), sin distinguir por motivos de dinero, orientación sexual o alguna creencia religiosa. Y para honrar la Constitución, el Ejército no tenía que esperar que se dictara una ley contra la discriminación. Bastaba fijar su política institucional de reclutamiento conforme a los valores de la República. Bastaba remover –para usar el eufemismo de moda– las “malas prácticas” en su interior. Bastaba reivindicar la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos, con independencia del dinero que tengan, a quien decidan amar o al dios al cual le rezan.
El caso que comentamos será una prueba de fuego a las políticas de igualdad que debe implementar el Estado. Como bien han advertido en este medio los abogados Contesse y Lovera, hay dudas importantes sobre la efectividad de la Ley 20.609. Para ello, dieron un ejemplo casi profético:
“En nuestro país, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son parte de la Administración. Si ellas no dictan las disposiciones relativas a garantizar el derecho constitucional a la igualdad, ¿qué consecuencias se seguirán? ¿De qué herramientas nos dota la ley para cuestionar la inacción estatal? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en una ley que, pese a su título –“establece medidas contra la discriminación” –, no dispone propiamente ninguna sino que, más bien, y tal como expresa el precepto antes transcrito, contempla algunas vagas directrices que, de ser incumplidas, dejarán trunco un aspecto muy relevante de la intención política que hay tras la ley.”
La denuncia ya está hecha y ahora los ciudadanos debemos escrutar las decisiones que adopte la autoridad. Ya no bastarán las excusas de “seguridad” que encubren clasismo, homofobia o hegemonía católica. Los problemas de fondo, además, no se resuelven únicamente llamando a retiro al General involucrado. El Ejército debe adoptar las políticas institucionales que aseguren inclusión e igualdad para todos los chilenos. Y de ello es responsable el Ministro de Defensa Nacional, la autoridad política por la cual las Fuerzas Armadas se relacionan con el Presidente de la República. Es de esperar, entonces, que el Ejército sea –en serio– de todos los chilenos.
El reportaje exhibido por Canal 13 es elocuente: el Ejército de todos los chilenos discrimina a las personas por su origen socioeconómico, a homosexuales y a testigos de Jehová. Esas son las categorías que aparecen expresamente un instructivo dictado por el Comandante en Jefe de la I División del Ejército, General de Brigada Cristián Chateau, con el objeto de seleccionar y reclutar el contingente militar.
El documento no es una reliquia normativa: fue dictado el 20 de febrero de este año. Esas instrucciones buscan separar a los chilenos entre aquellos que son “idóneos moral e intelectualmente”, de quienes no lo son. Entre los últimos se encuentran los que no tienen riqueza, los que no son heterosexuales y los que no suscriben a las prácticas religiosas mayoritarias en Chile. La orden sería para “orientar” a los comités de selección y deben ser entendidas como “disposiciones de seguridad”. La pregunta que surge es: ¿seguridad frente a quién? ¿Frente a los pobres, los gays y quienes predican las enseñanzas de su dios? ¿El Ejército –o acaso Chile– debe protegerse frente a ellos?
El General Chateau pretende tranquilizar a la población señalando que se busca permitir a estas personas para que se autoexcluyan de la obligación del servicio militar. “Exclusión”, según el General, es sinónimo de “eximir” del servicio. Pero, ¿por qué? De acuerdo al instructivo, los pobres, gays y testigos de Jehová no serían “idóneos moral e intelectualmente”. Luego nos dice que se trataría de una redacción “errada” y el General nos trata de calmar afirmando que las disposiciones estarían “tácitamente derogados” por la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
Todas estas razones son francamente inaceptables y mancillan a una institución que tiene la obligación de respetar y promover los valores de la República. Lo dice la Constitución –dictada bajo la dictadura militar– donde no sólo se consagran los valores de dignidad e igualdad (artículos 1º y 19 No. 2), sino también se establece el deber de defender a la Patria (artículo 22), sin distinguir por motivos de dinero, orientación sexual o alguna creencia religiosa. Y para honrar la Constitución, el Ejército no tenía que esperar que se dictara una ley contra la discriminación. Bastaba fijar su política institucional de reclutamiento conforme a los valores de la República. Bastaba remover –para usar el eufemismo de moda– las “malas prácticas” en su interior. Bastaba reivindicar la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos, con independencia del dinero que tengan, a quien decidan amar o al dios al cual le rezan.
El caso que comentamos será una prueba de fuego a las políticas de igualdad que debe implementar el Estado. Como bien han advertido en este medio los abogados Contesse y Lovera, hay dudas importantes sobre la efectividad de la Ley 20.609. Para ello, dieron un ejemplo casi profético:
“En nuestro país, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, son parte de la Administración. Si ellas no dictan las disposiciones relativas a garantizar el derecho constitucional a la igualdad, ¿qué consecuencias se seguirán? ¿De qué herramientas nos dota la ley para cuestionar la inacción estatal? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en una ley que, pese a su título –“establece medidas contra la discriminación” –, no dispone propiamente ninguna sino que, más bien, y tal como expresa el precepto antes transcrito, contempla algunas vagas directrices que, de ser incumplidas, dejarán trunco un aspecto muy relevante de la intención política que hay tras la ley.”
La denuncia ya está hecha y ahora los ciudadanos debemos escrutar las decisiones que adopte la autoridad. Ya no bastarán las excusas de “seguridad” que encubren clasismo, homofobia o hegemonía católica. Los problemas de fondo, además, no se resuelven únicamente llamando a retiro al General involucrado. El Ejército debe adoptar las políticas institucionales que aseguren inclusión e igualdad para todos los chilenos. Y de ello es responsable el Ministro de Defensa Nacional, la autoridad política por la cual las Fuerzas Armadas se relacionan con el Presidente de la República. Es de esperar, entonces, que el Ejército sea –en serio– de todos los chilenos.
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