Más allá de la decisión política o económica de cerrar el diario La Nación, el gobierno no ha transparentado cuál es la decisión que se va a adoptar en relación al Diario Oficial. Esto afecta la función de publicar oficialmente leyes y otras normativas. Se trata, además, de una preocupación que ya había hecho presente –más de dos años atrás– el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, hasta hoy no hay anuncio oficial alguno.
La situación jurídica del Diario Oficial, tras el aviso de cierre, es precaria. Hay que recordar que éste fue creado por decreto supremo en 1876 y su administración fue confiada a la Empresa Periodística La Nación en 1931. Si el gobierno está de acuerdo con el cierre de la empresa, debería comunicar prontamente las medidas que adoptarán para resguardar la publicidad de la ley, pilar básico del Estado de Derecho.
El cierre de La Nación puede constituir un punto de partida para la construcción de un sistema electrónico de publicación de leyes. El sitio web del Diario Oficial es una posibilidad. Por otra parte, el portal "Ley Fácil" presenta una plataforma que podría servir para los objetivos de accesibilidad y autenticidad de la ley. Es de esperar que el tema se resuelva satisfactoriamente.