Columna publicada en El Mostrador (30.12.2013)
¿Cómo se gesta la nueva Constitución? Esa es la pregunta que surge del programa de la Presidenta electa, que ha establecido los siguientes criterios procedimentales, a saber:“institucional, democrático y participativo”. La política ahora deberá dedicarse a concretizar tales criterios.
El senador Andrés Zaldívar ha resucitado una propuesta propia de los tiempos de la transición: una comisión bicameral compuesta por diez diputados y diez senadores, actualmente en ejercicio. Esta comisión consultaría a la ciudadanía el contenido de la nueva Constitución, pero el “pacto” constitucional se aprueba con las mismas reglas actuales de reforma constitucional. El senador descarta la Asamblea Constituyente (AC), porque no sería una vía institucional (aunque nada dice sobre si es democrática o participativa). Sin embargo, y tal como ha sostenido Javiera Parada, la comisión bicameral tampoco es institucional, puesto que la actual Constitución no contempla tal mecanismo para gestar una nueva Carta Fundamental. El senador tuvo que presentar una reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para “institucionalizar” su idea (boletín 8152-07). Luego, se requieren reformas ya sea para la comisión bicameral o para la AC.
Por lo tanto, la cuestión políticamente relevante no dice relación con la actual “institucionalización” del mecanismo. Más bien, implica preguntarse cómo los colegisladores darán cauce y generarán un procedimiento sujeto a reglas, que opere bajo lógica democrática y que sea lo suficientemente participativo como para que la ciudadanía aprehenda una nueva Constitución como “nuestra”. En otras palabras, cómo concretarán los criterios del programa de la Presidenta Bachelet en una propuesta constituyente que efectivamente se sujete a los principios rectores de su propuesta programática.
Cuando el problema se presenta así, es posible comprender las reales posiciones en disputa. La primera concibe como un deber “patriótico” de la “élite político-chilena” el dictar una nueva Carta, como lo ha afirmado el senador Ignacio Walker. La segunda, por el contrario, busca el mayor grado de participación democrática posible en una sociedad de masas: una convención constituyente. Mientras que la primera postura opera bajo la lógica del “Club de la Unión” y se presenta de modo elitista (en efecto, parece que el senador Walker piensa en los aristos), la segunda busca ampliar al máximo posible la representatividad, la deliberación y el pluralismo político que requiere la redacción de una nueva Carta. Entre estas posturas, ¿cuál es más democrática y participativa? No cabe duda que el horizonte político debe estar en la AC, aquel procedimiento donde todos participamos en la elección de delegados constituyentes, en la deliberación de sus contenidos y en la ratificación final del texto vía plebiscito.
Quienes se apuraron a declarar muerta la AC parecen olvidar un par de detalles. Primero, que para la legitimidad de una nueva Carta no bastaría el mero pacto entre caballeros ni los mismos mecanismos de reforma constitucional del poder constituido. En Chile, los movimientos sociales reclaman un rol de participación que la lógica transicional les niega y la ciudadanía bien puede sospechar de una nueva Constitución establecida bajo las mismas reglas “tramposas” que nos han regido. Segundo, que varios diputados y senadores, de distintos sectores políticos, han adherido explícitamente a la AC como mecanismo para una nueva Constitución. Ahí vemos cómo el consenso de la transición tiene una fisura importante. La ciudadanía estará atenta al quehacer de estos parlamentarios. La alta votación que recibieron estos diputados y senadores contrasta con la de aquellos que se oponían a la AC y resultaron derrotados.
El panorama, entonces, es distinto. Si antes se podía reformar bastando el acuerdo de la élite, hoy se exige escapar a la lógica política “binominal” para que una nueva Constitución sea efectivamente nuestra. Las condiciones sociales y políticas han cambiado. Los opositores a la AC tienen la carga de la prueba: son ellos quienes deberán demostrar que algún otro mecanismo cumple mejor los criterios de “institucional, democrático y participativo”, previstos en el programa de gobierno de la Presidenta electa. Yo, al menos, no lo he encontrado.
¿Cómo se gesta la nueva Constitución? Esa es la pregunta que surge del programa de la Presidenta electa, que ha establecido los siguientes criterios procedimentales, a saber:“institucional, democrático y participativo”. La política ahora deberá dedicarse a concretizar tales criterios.
El senador Andrés Zaldívar ha resucitado una propuesta propia de los tiempos de la transición: una comisión bicameral compuesta por diez diputados y diez senadores, actualmente en ejercicio. Esta comisión consultaría a la ciudadanía el contenido de la nueva Constitución, pero el “pacto” constitucional se aprueba con las mismas reglas actuales de reforma constitucional. El senador descarta la Asamblea Constituyente (AC), porque no sería una vía institucional (aunque nada dice sobre si es democrática o participativa). Sin embargo, y tal como ha sostenido Javiera Parada, la comisión bicameral tampoco es institucional, puesto que la actual Constitución no contempla tal mecanismo para gestar una nueva Carta Fundamental. El senador tuvo que presentar una reforma a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para “institucionalizar” su idea (boletín 8152-07). Luego, se requieren reformas ya sea para la comisión bicameral o para la AC.
Por lo tanto, la cuestión políticamente relevante no dice relación con la actual “institucionalización” del mecanismo. Más bien, implica preguntarse cómo los colegisladores darán cauce y generarán un procedimiento sujeto a reglas, que opere bajo lógica democrática y que sea lo suficientemente participativo como para que la ciudadanía aprehenda una nueva Constitución como “nuestra”. En otras palabras, cómo concretarán los criterios del programa de la Presidenta Bachelet en una propuesta constituyente que efectivamente se sujete a los principios rectores de su propuesta programática.
Cuando el problema se presenta así, es posible comprender las reales posiciones en disputa. La primera concibe como un deber “patriótico” de la “élite político-chilena” el dictar una nueva Carta, como lo ha afirmado el senador Ignacio Walker. La segunda, por el contrario, busca el mayor grado de participación democrática posible en una sociedad de masas: una convención constituyente. Mientras que la primera postura opera bajo la lógica del “Club de la Unión” y se presenta de modo elitista (en efecto, parece que el senador Walker piensa en los aristos), la segunda busca ampliar al máximo posible la representatividad, la deliberación y el pluralismo político que requiere la redacción de una nueva Carta. Entre estas posturas, ¿cuál es más democrática y participativa? No cabe duda que el horizonte político debe estar en la AC, aquel procedimiento donde todos participamos en la elección de delegados constituyentes, en la deliberación de sus contenidos y en la ratificación final del texto vía plebiscito.
Quienes se apuraron a declarar muerta la AC parecen olvidar un par de detalles. Primero, que para la legitimidad de una nueva Carta no bastaría el mero pacto entre caballeros ni los mismos mecanismos de reforma constitucional del poder constituido. En Chile, los movimientos sociales reclaman un rol de participación que la lógica transicional les niega y la ciudadanía bien puede sospechar de una nueva Constitución establecida bajo las mismas reglas “tramposas” que nos han regido. Segundo, que varios diputados y senadores, de distintos sectores políticos, han adherido explícitamente a la AC como mecanismo para una nueva Constitución. Ahí vemos cómo el consenso de la transición tiene una fisura importante. La ciudadanía estará atenta al quehacer de estos parlamentarios. La alta votación que recibieron estos diputados y senadores contrasta con la de aquellos que se oponían a la AC y resultaron derrotados.
El panorama, entonces, es distinto. Si antes se podía reformar bastando el acuerdo de la élite, hoy se exige escapar a la lógica política “binominal” para que una nueva Constitución sea efectivamente nuestra. Las condiciones sociales y políticas han cambiado. Los opositores a la AC tienen la carga de la prueba: son ellos quienes deberán demostrar que algún otro mecanismo cumple mejor los criterios de “institucional, democrático y participativo”, previstos en el programa de gobierno de la Presidenta electa. Yo, al menos, no lo he encontrado.
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